Ante la emergencia sanitaria por el Covid-19, organizaciones, comunidades y colectivos en defensa del medio ambiente demandaron al gobierno federal detener la construcción del Tren Maya, toda vez que el acuerdo firmado para atender la pandemia establece la cancelación de labores no esenciales para no poner en riesgo a la población.

Sin embargo, las organizaciones acusaron que en el párrafo segundo del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 31 de marzo, el gobierno de la República pretende mantener las actividades relacionadas con el proyecto tren maya, a pesar de que su construcción no es esencial en el contexto de la actual pandemia.

Explicaron que el convenio establece claramente que todas las actividades de producción de acero, cemento y vidrio que tengan contratos vigentes con el gobierno federal deberán continuar para cumplir con los compromisos a corto plazo de los proyectos Dos Bocas, Tren Maya, Aeropuerto Felipe Ángeles y el Corredor Transístmico, aun cuando los convenios en la materia establecen el cierre de todas las actividades no esenciales en el país hasta el 30 de abril de 2020 con la finalidad de impedir se siga propagando la enfermedad.

Aseguraron que esa determinación pone en riesgo la salud y la vida de los trabajadores que tendrán que continuar con las obras derivadas del citado proyecto, así como de la población, mayoritariamente indígena, afectada por el mismo.

Señalaron que pareciera que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un juez federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria.

Asimismo, acusaron que es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto, debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia.

Recordaron que la consulta a las comunidades indígenas incluidas en el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre de 2019, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional, como el Convenio 169 de la OIT referente a consultas indígenas.

Incluso, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó que la consulta no había cumplido con todos los estándares internacionales en la materia, refirieron.

Por lo que las organizaciones, comunidades y colectivos pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador suspenda la construcción del denominado tren maya, y con posterioridad a la emergencia sanitaria inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información, y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto.

El manifiesto fue firmado por Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, AC Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán, Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil SC y Due Process of Law Foundation.