El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, reveló que ya recibió los expedientes de algunas de las 15 empresas que inicialmente tenían adeudos tributarios totales hasta por 50 mil millones de pesos.

Sin especificar cuántos casos, expresó: “A mí me han dado vista de algunos.

En el grupo que está coordinando el Presidente hay asuntos muy relevantes. Me han dado vista y estoy en ese equipo.

Agregó: Hay abogados de diferentes especialidades y áreas. Son de Consejería, Servicio de Administración Tributaria y Procuraduría Fiscal de la Federación.

En entrevista, manifestó: El Presidente es quien nos está dando instrucciones en esos asuntos y vamos con todo.

El abogado fiscal de la nación detalló: Estamos analizando si presentamos querella o no ante la Fiscalía General de la República.

Es importante señalar que si la Procuraduría Fiscal de la Federación considera que hay delito interpone una querella ante la Fiscalía General de la República y coadyuva en la investigación.

Estamos siendo muy críticos en la forma de analizarlos. Hay todo un equipo de abogados que como siempre, los tenemos en la Procuraduría (Fiscal de la Federación), están atentos a estos asuntos, pero sobre todo porque son asuntos relevantes.

Romero Aranda aseguró: Vamos con todo. En los asuntos en que tengamos conocimiento de hechos vamos a ir contra los abogados o contadores que hicieron la planeación fiscal que llevó a cabo la defraudación.

El procurador resaltó que hay temas novedosos en los que ahora el Código Fiscal de la Federación, después de las modificaciones, permite ir contra las personas morales que incurren en esos ilícitos.

Explicó: Sean empresas chicas o grandes, en cualquier caso, donde haya defraudación fiscal, tanto nuestra instrucción como el propio Código Fiscal de la Federación nos permite actuar. Hablo aquí de temas novedosos. Uno, no sólo estamos yendo contra funcionarios de empresas, es decir, contra los que cometieron delitos, sino también contra personas morales, que es la que cometió el ilícito.

Expuso que ello podría dar lugar en una sentencia a declarar culpables. El juez podría ordenar la suspensión de actividades de esa sociedad e incluso en un caso extremo a la disolución o liquidación de la misma, además de la reparación del daño, obviamente.

Aclaró que los funcionarios de las empresas son los que integran los consejos de administraciones de éstas o, en su caso, los que tengan la firma electrónica (ante el Servicio de Administración Tributaria).

Contundente, aseveró: No podemos permitir que se siga defraudando al fisco federal.

Por otro lado, destacó que la Procuraduría Fiscal de la Federación tiene un grado de efectividad muy alto, con un promedio de sentencias condenatorias y órdenes de aprehensión que ahorita, con la contingencia por el Covid-19, es de una persona aprehendida por defraudación fiscal cada cinco días. Cada captura significaba alrededor de 11 o 12 millones de pesos.

En la conversación, recordó que ya entró en vigor –el primero de enero– la nueva reforma penal fiscal y con esa vamos a poder aprehender ya, con la tipificación de delito grave, a quienes ameriten prisión preventiva oficiosa. Con la modificación se va contra empresas fantasmas y delitos contra la seguridad nacional, concluyó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció recientemente ante la Fiscalía General de la República a Rafael y Teófilo Zag Tawil por un presunto fraude al fisco superior a mil 82 millones de pesos. Las carpetas de investigación tienen los folios FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000474/2020 y FED/SEIDF/UEIFF-CDMX/0000473/2020.