Ante la pandemia del Covid-19, en un momento de máxima visibilidad de la actuación del poder, el sistema representativo mexicano se ha difuminado, asegura el constitucionalista Diego Valadés. Para el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es inexplicable que el Congreso no haya participado en la confección de las medidas sanitarias para atender la emergencia, ni en un plan de recuperación económica.

Esto, asegura en entrevista el investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, ha llevado a que el gobierno federal adopte todas las decisiones sin vigilancia, por lo que considera indispensable que al finalizar la contingencia el Congreso haga una investigación de las medidas tomadas y que el país se plantee una revisión de su sistema institucional.

Por su parte, José Ramón Cossío, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), si bien dijo no desear que se aplique la suspensión de derechos, consideró que si las cosas se ponen mal esta semana respecto al contagio y decesos por el Covid-19, a lo mejor sí tendríamos que ir pensando ya en un decreto fuerte, bien hecho, no precipitado, de suspensión (de garantías individuales).

Incluso, dijo, mientras el Congreso estará en periodo ordinario de sesiones hasta el 30 de abril, para después entrar en receso, la Comisión Permanente le puede autorizar al Presidente la suspensión de derechos. Tendría que hacerse un decreto con una ingeniería constitucional finísima; qué derechos sí, qué derechos no; por qué éstos sí, por qué éstos no.

Para Valadés, la lección más importante que deja esta contingencia es que se requiere de los legisladores. Las decisiones que se están tomando ante la pandemia son de tal importancia que no pueden ser dejadas sólo al arbitrio de quienes gobiernan. Está muy bien que los ciudadanos permanezcamos en casa, pero está muy mal que nuestros representantes permanezcan en silencio.

Valadés estimó que “tienen que participar en la toma de decisiones y en la evaluación de los resultados, porque están involucrados aspectos como la libertad de tránsito, el derecho a trabajar y la protección de la salud.

Si están involucrados derechos constitucionales tan relevantes, deben ser objeto de decisión por parte del Congreso, y no sólo de órganos administrativos, que en este caso han sido únicamente dos: la Secretaría de Salud y la Presidencia de la República.

Por su parte, al participar en la videoconferencia Aspectos legales de incidencia constitucional ante la emergencia sanitaria, organizada por el Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, Cossío señaló que la única manera de ordenar una crisis de la magnitud de la actual es a través de las normas jurídicas.

Destacó que el mayor recurso que tiene la Constitución para enfrentar un momento extraordinario como este es la suspensión de derechos y garantías, prevista en el artículo 29, la cual se renovó recientemente para permitir que la SCJN controle las dimensiones de las medidas.