Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de Ley de Aguas Nacionales y un paquete de reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente, por la que se endurecerían los requisitos para las solicitudes de concesión y se le otorga, a los tres órdenes de gobierno, la explotación de mantos acuíferos así como el manejo y administración del líquido. También se prohíbe expresamente el uso del líquido para la fractura del subsuelo (fracking) con fines de extracción de gas y petróleo.

El documento señala que en 2018 la Comisión Nacional del Agua tenía registro de que los 105 acuíferos del país se encontraban sobrexplotados. Mientras que las cuencas (757 en total) aportan la disponibilidad del agua superficial.

La alta demanda para satisfacer las necesidades no sólo agropecuarias sino también urbanas e industriales ha desembocado en una situación de estrés hídrico en más de la mitad del territorio nacional; lo que a su vez ha generado la sobrexplotación de acuíferos y la degradación de sus ecosistemas, se arguye.

Además de la población total de 121 millones de habitantes de México, aproximadamente 53.3 millones viven en la pobreza y 11.4 millones en la pobreza extrema, condición que interfiere severamente en el acceso al agua.

Así, la iniciativa plantea que las aguas propiedad de la nación deben ser aprovechadas de manera racional y equitativa. Se incorpora el derecho a un medio ambiente sano y se prevén medidas para que las personas que se encuentran en situación de la vulnerabilidad tengan acceso a ella. Se atribuyen facultades a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, las autoridades agrarias y las autoridades indígenas.

También, la gestión del agua se realizará de manera equitativa y sin discriminación. Se propone como instancia de participación a los consejos regionales de cuenca, para que lleven a cabo actividades de vigilancia, defensa y protección de los derechos humanos asociados con el agua.

Por lo que corresponde al régimen de concesiones, se implementan mecanismos que aseguren que el otorgamiento de concesiones se realice con base en cálculos de la disponibilidad; se exige la realización de consulta previa, libre e informada para los proyectos que afecten a los pueblos y comunidades indígenas.

Respecto al fracking, se consideraría ilegal su práctica: Debido a los riesgos de contaminación al agua en la que no es posible predecir, revertir, ni remediar, los daños al ambiente, a la salud humana, así como las posibles violaciones a derechos humanos que pueden causar las actividades de fractura hidráulica o estimulación hidráulica, para la exploración o extracción de hidrocarburos, queda prohibido el uso de agua para realizar esta actividad en todo el territorio nacional.