La construcción del Tren Maya, en el contexto de la pandemia por Covid-19, ha generado críticas de agrupaciones ambientalistas, muchas de las cuales expresaron su preocupación por la obra aun antes de la coyuntura sanitaria.

Esta semana se sumó el hecho de que la constructora Cicsa, de Carlos Slim, y la española FCC (en la que también el empresario es accionista mayoritario) ganaron la licitación para construir el segundo tramo del corredor.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) aseguró que el Tren Maya no es un proyecto amigable para el entorno. Se puede señalar que si bien las vías férreas aventajan a las carreteras en términos de ocasionar menos impactos ambientales, el Tren Maya no se está proponiendo como alternativa a la construcción o mejora de una determinada carretera, ya que los corredores viales por los que pasará de manera paralela el tren corresponden a carreteras ampliadas y mejoradas recientemente. Por lo tanto, las ventajas ambientales de la vía férrea con respecto a la carretera no se aplican de manera directa.

El Cemda agregó que el tren propiciará la fragmentación del hábitat adyacente al derecho de vía y habrá atropellamientos de fauna, así como introducción de especies exóticas y diversas formas de contaminación, entre las que se incluye el ruido que puede afectar a las colonias de murciélagos.

El Cemda ha remarcado que esta obra no ha sido evaluada correctamente en el aspecto ambiental, además de que la consulta a los pueblos originarios no cumplió los estándares del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Greenpeace México precisó que la obra carece de la aprobación de diversos sectores sociales, entre ellos las comunidades que serán directamente afectadas, pues no se les ha informado de manera adecuada sobre los impactos ambientales que traerá una de las obras insignia de la administración federal.

En plena pandemia, el gobierno federal ha pedido, a través de lineamientos y decretos presidenciales por la Covid-19, mantener activo este proyecto, así como las actividades de desplazamiento de habitantes y producción de acero, cemento y vidrio vinculadas a la obra.

La agrupación advirtió que de continuar la edificación estarían en riesgo la salud y la vida de quienes tendrán que continuar laborando, así como de la población, mayoritariamente indígena, de la zona.

Estimó que la construcción del tren durante la pandemia genera estado de indefensión para quienes han expresado su rechazo u oposición al proyecto, debido a que los tribunales no están funcionando normalmente y no se garantiza el acceso a la justicia para impugnar cualquier anomalía u omisión del proyecto.