Durante la emergencia sanitaria por coronavirus, del 21 de marzo a la fecha, México repatrió a 3 mil 841 centroamericanos, la mayoría de Guatemala y Honduras, y en un porcentaje menor salvadoreños y nicaragüenses, según datos anticipados a La Jornada.

En un hecho inédito en la historia reciente, a partir de las devoluciones en mención, las estaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) están prácticamente vacías, luego de que el pasado 26 de marzo se anunció el desalojo de 3 mil 759 extranjeros, de los cuales la mayoría fueron enviados a sus países.

Lo anterior puede contrastarse con información de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), que sólo recibió la solicitud de 10 por ciento de las personas que salieron de las estaciones.

En estos inmuebles, según cifras del INM al día de ayer, hay sólo alrededor de 110 personas, la mayoría de Honduras, que igualmente están a la espera del retorno asistido.

Los números anteriores no tienen precedente si se considera, por un lado, que durante los primeros años de este siglo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó y alertó acerca de la sobrepoblación en las estaciones migratorias.

Actualmente, el INM tiene 65 espacios de esa naturaleza con capacidad para albergar a 8 mil 524 personas.

Para comparar la situación ordinaria de los meses recientes con la situación derivada de la expansión del coronavirus, basta señalar que en enero del año en curso 13 mil 624 extranjeros fueron presentados ante la autoridad y, en febrero, 8 mil 328, esto es, 22 mil en un solo bimestre, de los cuales 15 mil 83 fueron repatriados.

Las estaciones más grandes están ubicadas en Tapachula, Chiapas (Siglo XXI); Acayucan, Veracruz (en funciones desde 2007, con capacidad para poco más de 800 personas), y en Iztapalapa (Las Agujas).

En cambio, en poco más de un mes –21 de marzo al 30 de abril– el gobierno de México aceptó desalojar las estaciones y enviar a casa a mil 782 personas procedentes de Guatemala (que devolvió vía terrestre); mil 582 de Honduras, 406 de El Salvador y 71 de Nicaragua, repatriadas por la vía aérea.

Sin embargo, organizaciones civiles aseguraron que el INM –organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación que este año cumple 27 años de existencia– procedió al desalojo de las estaciones sólo para aplicar repatriaciones masivas, sin estudiar los casos particulares de quienes corren riesgo al ser devueltos a sus lugares de origen.

El grupo civil Sin Fronteras advirtió que el INM dio información inexacta y dolosa, en principio porque no se trató de una iniciativa del instituto, sino de la orden de un juez de distrito, ante el cual el gobierno presentó una queja contra la suspensión otorgada por el juez.

Sin Fronteras recalca que, pese a que ya estaba en curso la epidemia, en el primer bimestre del año tenía a 22 mil personas privadas de su libertad con toda la omisión de protección a las personas, en especial a grupos vulnerables.