n México, el verdadero germen y el origen de la criminalidad se encuentra en los robos que se cometen a diario, en todas y cada una de las comunidades del país, y que significan 52 por ciento de todos los delitos que se perpetran, y, si a ese fenómeno criminal le agregamos los demás delitos patrimoniales (como los fraudes, abusos de confianza y extorsiones), que constituyen robos más sofisticados, entonces, el porcentaje sube a 83 por ciento y, si esos ilícitos patrimoniales tienen como consecuencia homicidios, lesiones, amenazas y secuestros, la incidencia delictiva que deriva de forma directa de la apropiación ilícita de bienes provoca cerca de 90 por ciento del universo criminal del país.

El Inegi ha señalado que los daños que produce el apoderamiento de lo ajeno alcanza 152 mil millones de pesos anualmente; mientras las personas, las familias, las empresas y el propio gobierno gastan 102 mil millones de pesos al año en seguridad privada para tratar de contener el robo que las autoridades locales de todo el país son incapaces de prevenir con 394 mil policías estatales y municipales, a quienes, en términos generales, la población les tiene más miedo que a los mismos delincuentes; todo ello a pesar de los 21 mil 500 millones de pesos que se han gastado las autoridades en capacitarlos y examinarlos; lo que ha resultado un gran negocio que para poco o nada ha servido, según revelan las encuestas oficiales.

En el caso específico del robo, que impacta a la inmensa población más pobre y desamparada del país, ahí, el daño social es verdaderamente abrumador, ya que más de 20 millones de víctimas anuales sufren pérdidas por robos, en cada evento delictivo, por cantidades que no superan los 10 mil pesos, y ello constituye el factor más agresivo, disolvente y pernicioso en contra de esas grandes mayorías, a las que tal despojo les significa la pérdida del dinero que necesitan urgentemente para su alimentación o supervivencia cotidiana.

La insensibilidad o el desprecio a la importancia y magnitud de esos daños irreparables, que sufre una comunidad tan indefensa, es intolerable y, por esa razón, los primeros responsables, que son los policías que se coluden con los ladrones, junto con las autoridades locales, que reciben los beneficios espurios de esos atracos o que le dan la espalda a esa realidad que todos conocemos, deben recibir un castigo inmediato y ejemplar, si es que se quiere cambiar esa dinámica tan perversa, que es el verdadero origen de la escalada criminal que ha azotado al país.

Por todos esos motivos, es absolutamente indispensable plantear e impulsar con urgencia un nuevo marco jurídico que sancione el incumplimiento o la negligencia de los policías y de sus jefes, que son quienes tienen la obligación primigenia e ineludible de lograr seguridad y prevención de los delitos e, igualmente, se debe castigar a quienes sean omisos en sus obligaciones en procuración e impartición de justicia.

Ese nuevo marco legal, de una verdadera justicia cívica inmediata, debe contener la normatividad específica que sancione al robo en concordancia con la magnitud del daño que causa a las personas y a la comunidad, y que, asimismo, reconozca la necesidad prioritaria de reparación del daño, que es preciso obtener en favor de la enorme masa de víctimas en extrema pobreza, a quienes el gobierno debe reponer ese mínimo de 10 mil pesos en cada robo probado, siempre y cuando el ofensor no hubiera cumplido con esa obligación.

Para fortalecer la defensa de las víctimas, los mecanismos de aplicación de extinción de dominio y del aseguramiento de bienes del ofensor deben ser absolutamente impostergables y ejecutivos y, en los casos en que esto no se pueda lograr, los mínimos de reparación del daño para los más desamparados debe asumirlos la autoridad; para ello, serán suficientes los fondos de los aseguramientos al narcotráfico y a la delincuencia organizada.

Asimismo, todos los ladrones reincidentes a quienes se les pueda comprobar ministerialmente dicha agravante, así como a los grandes saqueadores del país, se les debe sujetar a prisión preventiva obligatoria para así acabar con la llamada puerta giratoria que ha multiplicado la delincuencia permanente y repetitiva, así como la consecuente victimización creciente en el país.

También es indispensable que la autoridad informe a diario a la sociedad cuáles son las ubicaciones territoriales, los horarios y las características de los delitos que se están cometiendo cotidianamente para que esa exhibición pública responsabilice a la propia autoridad y que, asimismo, alerte a la comunidad, con objeto de que pueda defenderse.

No hay que olvidar que el mejor y el más eficiente antídoto del crecimiento del delito es la prevención y la reparación del daño. Y la autoridad, en su obligación indeclinable de lograr seguridad y justicia, tiene que apoyar plenamente esas prioridades.