En el 14 aniversario de las graves violaciones a los derechos humanos durante el operativo policiaco en los municipios San Salvador Atenco y Texcoco, estado de México, no se han tenido avances sustanciales en los procesos de justicia y las medidas de no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) en diciembre de 2018, indicaron el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, así como el Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), organizaciones que representan a las mujeres que fueron torturadas sexualmente en esa acción.

Ambas ONG indicaron que durante aquellos hechos hubo represión social, detenciones arbitrarias masivas y el uso sistemático de la tortura, incluida la de tipo sexual, en contra mujeres por parte de la policía estatal y federal.

El caso Atenco y muchos otros más, documentados desde ese entonces, muestran la persistencia de prácticas generalizadas de tortura sexual a mujeres, encarcelamiento de personas inocentes y la falta de investigación de graves violaciones a los derechos humanos en México. Transformar esta realidad lacerante con medidas estructurales es fundamental si México pretende consolidarse como un Estado democrático rompiendo con las prácticas violatorias a derechos humanos del pasado que han permitido la impunidad.

Lamentaron que a más de 16 meses de que fue enviada la notificación de la sentencia por parte de la Coridh por el caso de la tortura sexual contra mujeres, no hay resultados concretos en la investigación penal y permanecen incumplidas las medidas más relevantes ordenadas para investigar y sancionar a los responsables y garantizar la no repetición de los hechos.

Agregaron que en México, como en todo el mundo, se atraviesa por una emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, consideramos que la demora en el cumplimiento de las medidas de reparación no se debe a ella.

El Estado mexicano ha tenido oportunidad para avanzar con las propuestas desde hace meses y no lo ha hecho. De acuerdo con la sentencia de la Coridh cuenta con un plazo de dos años para el cumplimiento de las reparaciones; sin embargo, las demoras prolongadas amenazan con imposibilitar la resolución dentro de ese plazo, indicaron en un comunicado.