Madrid. La Oficina de la alta comisionada de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó ayer a investigar las muertes ocurridas en los motines de las últimas semanas en cárceles de toda América Latina para protestar por la falta de protección ante la propagación del Covid-19.

En el peor incidente hasta el momento, unas 50 personas murieron el pasado viernes en la cárcel venezolana de Los Llanos. También ha habido protestas con víctimas mortales en Perú y Colombia, y motines en Argentina, México y Brasil, aunque sin pérdida de vidas.

Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada, expresó su preocupación por las detenciones rutinarias que se efectúan en algunos países por violar las medidas de confinamiento, lo cual aumenta la población penitenciaria y, con ello, el riesgo de contagio.

En concreto, señaló a El Salvador, donde se han impuesto medidas de seguridad en las cárceles que pueden constituir trato cruel, inhumano o denigrante y pueden también exacerbar las ya de por sí precarias condiciones de higiene.

Más allá de la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus, Colville llamó la atención sobre las condiciones en las cárceles latinoamericanas, que son preocupantes.

Problemas estructurales prexistentes, como el hacinamiento crónico y condiciones no higiénicas, combinados con la falta de acceso a la asistencia médica, han permitido una rápida propagación del Covid-19 en muchas instalaciones penitenciarias, explicó.

Como consecuencia de ello, miles de presos y guardias de prisiones han contraído el nuevo coronavirus en América, tanto en el norte como en el sur del continente, lo que sumado a la falta de acceso a servicios básicos, incluida la comida, ha avivado las protestas.

Elogió las excarcelaciones de los más vulnerables, como las personas con enfermedades previas, las de mayor edad, los que casi terminan su condena y las embarazadas.