ajante, el presidente López Obrador negó condonaciones o posposiciones fiscales a las empresas y, una vez más, rechazó todo tipo de rescate que pueda recordar al tristemente célebre Fobaproa. Cancela cualquier posibilidad de abrir brecha en el campo de la acción compensatoria del Estado y, en buena medida, de toda promoción económica que pueda oler a tratamiento favorable, desde el fisco o la acción pública directa, para sacar a empresas y empresarios del hoyo.

Si el negocio cierra, que apechuguen los dueños, ha dicho. Sin tomar en cuenta que hoy no es fácil distinguir entre quie-nes quiebran porque no tenían remedio en cualquier circunstancia, los que naufragan porque venían dañados del estancamiento, y los que bajan la cortinilla porque el confinamiento se les impuso sin apelación.

Toda esta taxonomía debería haberla hecho el gobierno desde hace semanas y debería hacerlo al vapor ahora, porque de ello depende en gran medida la posibilidad de evitar una crisis catastrófica de empleo. De ser éste el caso, todos los damnificados por esta oleada de cierres se incorporarán a los contingentes pobres y empobrecidos y, entonces, sí colapsará, sin distingos, la estrategia enarbolada por el gobierno de priorizar a los más pobres, sin importar la estratificación social y productiva, altamente heterogénea, que caracteriza a nuestra sociedad.

El mal trato al empresario genérico no tiene asidero y no puede tomarse en serio, salvo por el hecho de que esta generalización se convierta en credo y así en política o remedo de intervención estatal. Por lo pronto, citemos el mandamiento oficial: si hay una quiebra de una empresa, pues que sea el industrial el que asuma la responsabilidad o los socios, porque el Estado tiene que proteger a todos, sería una inmoralidad utilizar al Estado para rescatar a empresas o instituciones financieras en quiebra (A. Urrutia y Alma Muñoz, La Jornada, 08/05/20, p.9). Lo dicho: que cada uno se rasque con sus propias uñas, como manda la buena economía política, hasta que de la rebatinga de todos contra todos surja un comandante que mande a parar, según los versos de Carlos Puebla.

Estamos frente a un galimatías que puede llevarnos a un laberinto del que no encontremos salida pronto…o nunca. El gobierno y sus fieles son ajenos y, ahora, aparecen blindados y opuestos al más elemental formulario de la economía pública contemporánea y, desde luego, a la economía moral que el presidente dice profesar. Ante la pandemia, nos ha instruido mi amigo y apreciado colega José Casar, la sociedad tiene que asumir expresamente la defensa de un bien público, como es la salud, lo que implica costos no previstos, producto del confinamiento, no atribuibles a las empresas y sus trabajadores y no suficientemente reconocidos en el presupuesto nacional.

En situaciones normales, según lo decida el poder estatal, es mediante los impuestos y el gasto público que se subsana esta disonancia. En la emergencia, alguien tiene que hacerse cargo y, de inmediato, son los trabajadores y las empresas señaladas como esenciales los que cargan con esos costos, traducidos en pérdida de ingresos y ganancias, empleo y salarios. Estos, empresas y trabajadores sin ocupación, pierden ingresos porque la caja no suena y ven caer su consumo, mientras su trabajo se pone en riesgo porque no hay quien les asegure que éste se mantendrá durante la crisis y la even-tual recuperación.

En justicia, como lo mandan los cánones clásicos de la economía moral, debe ser la comunidad nacional en su conjunto, a través del Estado, la que se haga cargo y a través de subsidios temporales, posposición de pagos de impuestos y cuotas obrero-patronales o de plano condonación de éstas, en todo o en parte, compense el impacto directo que la suspensión de la actividad trae consigo. De otra forma, se ahonda la espiral depresiva que amenaza al conjunto de la economía. El consumo cae con la pérdida de empleo y la falta de salario, y las potencialidades de la economía para recuperarse se erosionan por el desánimo en el que incurrirán dece-nas de propietarios, quienes, como muchos de los trabajadores, viven al día, aunque al presidente le parezca que disponen de medios para resistir el choque y conservar sus negocios.

Las del presidente son cuentas falsas, incluidas las que hace con la posposición impositiva propuesta por los empresarios y sus implicaciones sobre el gasto social. Sus dichos reflejan una visión elemental y equivocada de la economía, los nego-cios y las responsabilidades del gobierno y del Estado en su conducción. La suya y la de sus adláteres no es ni economía política ni política económica apegada al mandato constitucional, que pone por encima de todo la defensa y protección de los derechos fundamentales, entre ellos los económicos, sociales, culturales y ambientales. Y el empleo, como la salud, es dere-cho fundamental.

Los moditos presidenciales para con la empresa y sus planteamientos cuestionan de fondo la vigencia de una economía mixta modernizada, fórmula maestra para realizar productivamente una de las consignas principales del gobierno de la 4T: separar el poder político del económico y, así lo leo, superar la subordinación del primero al segundo en aras del interés general y nacional.

No hay economía mixta sin un Estado comprometido con ella y no habrá economía de mercado que funcione en favor de la sociedad y sus mayorías sin un compromiso del empresariado con el desarrollo democrático del país que siempre querrá decir crecimiento económico con redistribución social progresiva.

No hay escape y tenemos que entenderlo para entendernos. ¿Qué le vamos a hacer, si aquí nos tocó?, dijera el inolvidable Ixca Cienfuegos.