Zacatecas, Zac., La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), emitió un respetuoso, pero enérgico llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a no atender el proyecto de su homólogo Javier Laynez, porque es violatorio a los intereses y derechos de los grupos indígenas.

En el proyecto, el cual se pretende discutir y aprobar hoy, se pretende avalar el argumento de que diversas disposiciones de la Ley Minera vigente son constitucionales y sus efectos no se vinculan en forma directa con los intereses y derechos de los grupos indígenas, pese a la inconformidad de esas comunidades con esa norma.

La propuesta de Laynez, explicó la Rema, fue elaborado para revisar la constitucionalidad de la Ley Minera, en particular el amparo en revisión 928/2019, un asunto vital ante la creciente oleada de proyectos que despojan y atentan contra la supervivencia y el futuro de los pueblos indígenas en nuestro país.

Ese amparo se originó en septiembre de 2014, en un acuerdo que tomó la asamblea del pueblo maseual, en la comunidad de Zacapitán, municipio de Cuetzalan, Puebla.

El consejo maseual Altepetajpianij instruyó a sus integrantes a realizar las acciones legales necesarias para combatir la decisión de la Secretaría de Economía, de entregar territorios en concesión para la explotación minera, sin contar con su aval y sin haber sido considerados en la toma de decisiones.

En septiembre de 2018, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo en Puebla, determinó conceder el amparo a las comunidades indígenas afectadas, respecto del otorgamiento de las concesiones mineras en sus territorios.

Sin embargo, refiere la Rema, al mismo tiempo que concedía el amparo, ese juzgado quinto evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la Ley Minera, en la que Economía se apoya para otorgar dichos títulos de concesión. Frente a la omisión del juzgado, las comunidades afectadas presentaron el amparo en revisión 928/2019, que hoy resolverá la Corte.

La Rema expuso que ha denunciado que la Ley Minera forma parte de un entramado jurídico, político y económico, diseñado para facilitar y hacer posible que el modelo extractivo minero prospere a costa de los pueblos, sus territorios, su salud y su medio ambiente.

Lamentó que en las reformas a la Ley Minera en el régimen de Peña Nieto se excluyera a los pueblos originarios, lo que vulnera su autonomía y su derecho a decidir.