El ayuntamiento de Ures, Sonora, promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos controversias constitucionales en contra de las decisiones que han tomado los gobiernos federal y estatal para combatir al Covid-19.

Al gobierno federal le reclama no haber intervenido para evitar el corte del suministro eléctrico a los usuarios que adeudan el pago por el servicio. Esto hace más difícil enfrentar a la pandemia.

El municipio quejoso, gobernado actualmente por el PAN, argumenta que estas medidas van contra los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, pues hacen imposible que los ciudadanos tengan acceso al agua, la cual se bombea con motores eléctricos.

La otra controversia es contra el gobierno de Sonora, que encabeza la priísta Claudia Pavlovich, por el decreto que emitió el 24 de marzo pasado con medidas sanitarias, al que considera insuficiente para contrarrestar y prevenir la transmisión del nuevo coronavirus.

Alerta por sobrepeso

En tanto, especialistas en nutrición y enfermedades crónicas advirtieron que el alto consumo de refrescos, bebidas azucaradas y alimentos procesados no sólo están directamente asociados a la epidemia de sobrepeso y obesidad que afecta a millones de mexicanos, sino también eleva el riesgo de generar complicaciones en padecimientos inflamatorios como el Covid-19.

En videoconferencia, convocada por la Alianza por la Salud Alimentaria, exhortaron a mantener una dieta sana, en particular durante la cuarentena, y destacaron que la ingesta de refrescos está asociada a inflamación sistémica del cuerpo, obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, síndrome metabólico, hipertensión y enfermedad cardiovascular.

Por otra parte, reportes de asociaciones y grupos religiosos indican que en el país cinco sacerdotes católicos y más de una decena de pastores evangélicos han fallecido a causa del Covid-19. Otros más se han contagiado del virus, pero están en recuperación.

El director del Centro Católico Multimedial, Omar Sotelo Aguilar, expuso que en Puebla han muerto dos presbíteros, igual número en Nezahualcóyotl, estado de México, y uno más en León, Guanajuato.