El gobierno federal está lejos de la meta de colocación de créditos solidarios de 25 mil pesos entre microempresarios formales a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), según las cifras oficiales. Las razones, coinciden especialistas, están en la poca demanda ante el bajo monto ofrecido y la alta cantidad de empresas que han sido rechazadas por no haber logrado mantener su plantilla intacta ante la crisis provocada por el Covid-19.

Hasta el cierre del martes pasado, casi un mes después de la puesta en marcha del programa Crédito Solidario, el IMSS había aprobado 146 mil 621 microfinanciamientos, lo que representa apenas 20 por ciento del objetivo oficial de 645 mil microempresarios del sector formal.

Zoé Robledo, director del IMSS, señaló que ante la falta de demanda, el viernes 15 de mayo será el último día para solicitar el préstamo. En su lugar, y ante la previsión de que sobrarán créditos, el instituto ha incorporado al programa a trabajadoras del hogar y a trabajadores independientes.

El IMSS, tiene registrados a 923 mil 65 patrones, de los cuales 67.5 por ciento, alrededor de 620 mil, emplea de uno a cinco trabajadores.

Los únicos requisitos que deben cumplir las empresas para acceder a este crédito a la palabra de 25 mil pesos es no tener más de 10 trabajadores en su plantilla y no haber despedido a ninguno durante los primeros tres meses del año. Este último requerimiento, dicen especialistas, es el que ha provocado que muchas empresas sean rechazadas.

Raymundo Tenorio, catedrático especializado en economía y negocios del Tec de Monterrey, señaló que por muy bajo que sea el monto, las empresas tienen necesidad de créditos del gobierno; sin embargo, al solicitarlo se han encontrado con el rechazo, dado que al ser muy pequeñas, tuvieron que despedir gente al inicio de la pandemia.

Cómo querían que las empresas no despidieran a nadie si el comercio y toda actividad se cayó. El programa se encamina al fracaso por el tipo de condiciones que pusieron. advirtió.

Desde su perspectiva, urge que el gobierno haga adecuaciones al programa, y un modo sería otorgando el crédito a las microempresas formales, bajo la condición de que con esos recursos hagan el esfuerzo de reinstalar en su puesto al trabajador que tuvieron que dar de baja por la emergencia. El programa tiene buena intención, pero malas bases.

Mario di Costanzo, ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, coincidió con el catedrático en que el programa está mal diseñado, y los malos números se deben tanto a la poca demanda, como a los rechazos por no cumplir con el requisito de no despidos.

Por un lado, más de la mitad de las empresas redujeron su planta de trabajadores, otras tantas ya no piensan reanudar operaciones, al menos este año, y para otras, el crédito de 25 mil pesos no sirve para gran cosa.

Una mejor opción, apuntó, hubiera sido que el gobierno pagara la cuota patronal de seguridad social del trabajador, o bien que asumiera por ejemplo el equivalente a un salario mínimo de cada empleado por un periodo de uno o dos meses, de manera que el salario no fuera un factor de despido.

Por ejemplo, en el caso de una persona que gana 10 mil pesos mensuales, si el gobierno pagara un salario mínimo por mes, hubiera desembolsado 7 mil 200 de los 20 mil pesos que recibe el trabajador en dos meses. Ese dinero sería mejor aprovechado y más efectivo, puntualizó.