La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al gobierno federal a revisar el acuerdo por el que se dispone de las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública.

Expuso que si bien la intervención está prevista bajo ciertas circunstancias, el documento no contiene información ni disposiciones que permitan evaluar su conformidad con los estándares constitucionales e internacionales en la materia.

Por su parte, los Programas de Derechos Humanos del Sistema Universitario Jesuita (SUJ), en un pronunciamiento instaron al presidente Andrés Manuel López Obrador a derogar el decreto que da facultades a las fuerzas armadas para ejercer labores de seguridad pública, por ser violatorio de las garantías fundamentales.

En el documento se pide esclarecer detalladamente un plan que asegure la participación de la sociedad civil, la academia y las víctimas, y se garantice que la labor de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública será extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.

La ONU-DH advirtió en un comunicado que es insuficiente la sola mención al carácter extraordinario de la participación de este cuerpo de seguridad. Además ,expuso, contrario a la obligación de que el papel de las fuerzas armadas se supedite a las autoridades civiles, se establece una relación de coordinación entre éstas y militares.

También destacó que la temporalidad prevista en el acuerdo se extiende mientras la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, hasta el límite máximo permitido por la propia reforma constitucional, sin otra salvaguarda y sin la definición de un plan de fortalecimiento de las capacidades de la corporación creada en 2019.