A ocho años de la masacre de Cadereyta, Nuevo León, en la que fueron decapitadas y desmembradas 49 personas en una carretera, sólo 17 han sido identificadas; 10 eran migrantes hondureños que se dirigían a Estados Unidos, señalaron familiares de las víctimas, quienes exigen conocer la verdad, castigo a los responsables y que el Estado mexicano garantice la no repetición de esos actos.

Por medio del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, destacaron que a la fecha, las autoridades no han establecido cómo, quiénes y por qué fueron privados de la libertad, la vida y los sueños.

Recordaron que tras la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en octubre de 2017, la entonces Procuraduría General de la República, a cargo de la investigación de los hechos, pidió a la fiscalía de Nuevo León la atracción del expediente 121/2010, iniciado el 13 de mayo de 2012. Sin embargo, después de varios recordatorios y peticiones, recibió una notificación de que fue destruido por la empresa de paquetería encargada del envío.