ara quienes cuestionaban la caracterización del actual gobierno de la 4T como un eslabón más del proceso de acumulación capitalista por desposesión, militarizada y necropolítica, que las anteriores administraciones neoliberales pusieron en práctica, los dos decretos presidenciales publicados en el Diario Oficial de la Federación, el 23 de abril y el 8 de mayo, respectivamente, vienen a ratificar inequívocamente el análisis en esta dirección.

En el primero, con el argumento de la pandemia, se impone un discrecional adelgazamiento del Estado, con el fin de canalizar el gasto público para financiar los programas clientelares individualizados, iniciar los megaproyectos a los que se vienen oponiendo los pueblos y comunidades indígenas, el Tren Maya, el canal seco de Tehuantepec, el Proyecto Integral Morelos, que formaban parte del Plan Puebla Panamá, reconvertido en Proyecto Mesoamérica. En este decreto, se otorga excepcionalidad del presupuesto público a la Secretaría de Salud (Ssa), la Guardia Nacional y a las secretarías de Marina y Defensa Nacional. A este respecto, resulta muy valiosa la información proporcionada por el colega Roberto González Amador, a partir de un reporte del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, en cuanto a los “6 mil 500 millones de dólares destinados por el Estado para el gasto militar el año pasado –equivalentes a 125 mil 100 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2019– son una cantidad que, para efectos comparativos, supera los 118 mil 714 millones de pesos que ejerció la Ssa ese año; más del doble del presupuesto del Issste, 58 mil 963 millones, y mayor a los 100 mil millones con que fue financiado el programa Pensiones para el Bienestar de los Adultos Mayores… La cantidad superó en 7.9 por ciento a la destinada para el mismo fin en 2018, tasa de crecimiento que duplicó el promedio mundial” (https://www.jornada.com.mx/2020/ 05/03/economia/016n1eco).

El decreto del 8 de mayo es un acuerdo (sic), por el que: “se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria (sic), regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de la última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del decreto (…) en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación.”

Resulta significativo que ambos decretos hayan sido publicados en el pico del Covid-19, cuando la población ha sido requerida a un con-finamiento domiciliario y, en consecuencia, es prácticamente imposible para las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil manifestar su derecho a la libre expresión de la protesta para revertir medidas que afectan sus vidas e, incluso, presentar recursos legales en contra de estas determinaciones del Ejecutivo federal, que llevan a un virtual estado de excepción, pero con la cobertura política y la retórica de la 4T, en la que nada es lo que parece.

Asimismo, ya no es plausible negar, desde el poder, las múltiples relaciones entre los megaproyectos desarrollistas que se quieren imponer contra la voluntad de los pueblos y los intereses corporativos capitalistas, con un preocupante proceso de militarización, a través del cual, la Fuerza Armada permanente (sic) incrementa exponencialmente sus recursos económicos, se le otorgan cada vez más tareas y atribuciones, evidentemente al margen de sus funciones constitucionales, que van desde la construcción y administración de aeropuertos, carreteras, edificación de sucursales bancarias, administración de puertos y hospitales y, ahora, se le confieren tareas de seguridad pública a fuerzas armadas, con una trayectoria de participación en crímenes de Estado, nunca investigados ni mucho menos juzgados, y con innumerables denuncias en su contra, enlos pasados años, sobre ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

Esta escalada de militarización seguramente ocasionará reacciones políticas y legales de múltiples sectores de la sociedad que no puede ni debe permanecer indiferente. Como afirmó la organización Seguridad Sin Guerra, “la pandemia por la que atraviesa el país y el mundo no debe ser utilizada como cortina de humo para aprobar leyes que menoscaben el sistema constitucional para avanzar al militarismo (…) El decreto no establece mecanismos de fiscalización o rendición de cuentas e implica que el militarismo salió del closet.

Ciertamente, la clase política de la 4T parece estar perdiendo la oportunidad histórica de cambiar el rumbo del país ante los múltiples aprendizajes que está dejando esta pandemia, salvar nuestro planeta, imaginar otro mundo posible.