Carlos Borruel Baquera, director de la Comisión Estatal de Vivienda (Coesvi), del gobierno de Chihuahua, junto con tres de sus familiares, también funcionarios, amenazaron con un arma de fuego al director del diario digital La Opción de Chihuahua, Osbaldo Salvador Ang, y amagaron con desaparecerlo por publicar una nota que vincula al hijo de Borruel con la violación a una adolescente.

El periodista Osbaldo Salvador denunció las amenazas ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), y acusó que Borruel Baquera lo amenazó en su domicilio, acompañado de su esposa, Leticia Macías (directora administrativa del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física), su hija Mónica Borruel Macías, regidora del PAN, y su yerno David Ortega, también funcionario.

Los cuatro le reclamaron por la publicación del 29 de abril en la que señala a Carlos Borruel Macías, hijo de Borruel Banquera, por participar en el abuso sexual de una adolescente, la cual fue denunciada por dos amigas de la víctima a guardias de seguridad de un edificio de departamentos de lujo, ubicado en la zona Distrito 1 de la ciudad de Chihuahua.

El 5 de mayo, la regidora, vecina del periodista que también habita en el fraccionamiento Cimarrón de la capital del estado, y los tres funcionarios estatales amenazaron a Osbaldo Salvador afuera de su vivienda. Con gritos, Leticia Macías alegó que la noticia afectaba a su familia.

Todos hablaban al mismo tiempo, yo le decía a Carlos Borruel que arregláramos las cosas entre él y yo, se negó y me dijo que su hijo estaba internado, y si le pasaba algo, si se suicidaba, por ejemplo, me haría desaparecer, pronunciando las palabras: te voy a desaparecer. En ese momento, refiere la denuncia su yerno David Ortega sacó un arma de fuego, y Borruel Banquera le gritó: ¡guárdala!.

En Nayarit, el auditor del extinto Órgano de Fiscalización Superior actual Auditoría Superior del estado, Roy Rubio Salazar, se declaró culpable de ejercicio indebido de funciones y peculado en agravio del órgano de fiscalización, por lo cual lo sentenciaron a 5 años de prisión y deberá regresar 7 millones 451 mil pesos. Sin embargo, la condena será conmutable, pues no rebasa los 5 años y con un pago económico de por medio podrá recuperar la libertad tras 9 meses de estar preso.

Mientras en Michoacán, el director de seguridad pública del municipio de Cotija, Arturo M, fue detenido por presuntos delitos de violación y tortura contra una mujer policía, quien además fue sometida por sus compañeros de la corporación, reportó la Fiscalía General del estado.