Aunque la Ley de Amnistía tiene diversos aspectos positivos, como visibilizar la desigualdad estructural que lleva a la cárcel a las personas pobres y vulnerables, al mismo tiempo presenta serias limitaciones y no ataca la raíz del problema, consideraron las participantes en un foro virtual.

Durante una mesa de debate organizada ayer por el Museo de la Mujer y la Federación Mexicana de Universitarias, la investigadora Urenda Queletzú señaló que uno de los aciertos de la nueva norma es que echa luz sobre las condiciones de iniquidad que llevan a jóvenes pobres, indígenas y mujeres a ser encarcelados, muchas veces con penas desmesuradas e injustas.

Sin embargo, los puntos débiles de la ley son que únicamente se puede aplicar en quienes cometieron delitos del fuero federal –cuando la mayoría de sus beneficiarios son responsables de faltas del fuero común–, además de que no ataca el problema de fondo, que es la persistencia en los códigos penales de diversos ilícitos que deberían ser eliminados.

Por su parte, Felipa Nery, académica de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, resaltó que los tiempos de aplicación son muy largos, pues la comisión encargada de estudiar la concesión de una amnistía puede tardar hasta 10 meses en resolver un caso.

Fátima López, integrante de la Red de Abogadas Violetas, subrayó que la ley no resuelve la cuestión de fondo, pues no elimina de los códigos penales estatales algunos delitos que siguen propiciando sentencias injustas, como el aborto.

Arcelia García, coordinadora de la Alianza de las Mujeres Indígenas en México y Centroamérica, enfatizó que muchas personas de los pueblos originarios llegan a la cárcel sin haber cometido delito alguno.