Los proyectos de energía renovable se deben establecer con respeto a los derechos humanos de las comunidades, ya que muchos de los que se han instalado han sido con la visión extractivista: sin consulta a los pueblos y afectando a las regiones, reconocieron organizaciones ambientalistas.

Durante una videoconferencia titulada La nueva política de generación de energía eléctrica en México se mencionaron los campos solares en la península de Yucatán y las plantas eólicas en la región del Istmo de Tehuantepec, que se instalaron sin consulta previa, libre e informada a las comunidades.

Justa transición

Pablo Ramírez, del área de energía y cambio climático de Greenpeace, sostuvo que el establecimiento de proyectos de energías renovables –como la solar o eólica– se debe dar, pero no a cualquier costo, sin violación a los derechos humanos, la transición energética debe ser justa. Agregó que muchas de las empresas eólicas españolas han violado marcos normativos y se ha pasado por encima de las comunidades.

Jorge Villarreal, de Iniciativa Climática de México, dijo que sí a la transición energética, pero no a cualquier costo. Consideró también que las energías renovables deben ser inclusivas y permitir una gestión horizontal con las poblaciones en el territorio, desde la etapa de la planeación.

Aunque no se debe agregar al problema de la pandemia por Covid-19 una emergencia climática. Se deben reducir emisiones de gases de efecto invernadero, la industria en el país aporta 24 por ciento de emisiones, 5.5 de las emisiones están relacionadas con el uso de combustóleo, lo cual se incentiva ahora, con el acuerdo de la Cenace, que frena el uso de las energías renovables.

El uso de combustóleo no es una opción sustentable. En términos de salud hay alto impacto por emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio climático, agregó en su intervención.

Anaíd Velasco, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, explicó que con esa medida se viola el Acuerdo de París, con las Intenciones Nacionales Determinadas, que son las metas voluntarias del país para reducir emisiones, así como las leyes de transición energética y de cambio climático, entre otras.