Con una matrícula de 514 mil estudiantes de niveles medio superior y superior, y alrededor de 120 mil trabajadores docentes, administrativos, de apoyo y de confianza, las 11 universidades públicas estatales que afrontan una crisis financiera que pone en riesgo su operación, tienen enorme presencia en la vida local y regional de sus respectivas comunidades.

Dicha influencia no sólo es en el tema educativo, por lo que significa el tamaño de su comunidad estudiantil –concentran más de un tercio de la matrícula total de instituciones públicas– y el número de empleos que generan, sino también porque algunas cuentan, por ejemplo, con clínicas y centros hospitalarios centrados en la atención de sectores populares, organizan brigadas de salud en las zonas más apartadas de sus entidades, asisten con trabajo social a comunidades indígenas y desarrollan múltiples proyectos de investigación con empresas y pequeños productores.

Esta influencia y tarea social que realizan se ha reflejado recientemente en el apoyo que prestan a la sociedad en medio de la emergencia por el Covid-19, no sólo dotando de insumos de protección al personal médico de los centros públicos hospitalarios, sino poniendo a disposición de las autoridades sanitarias sus espacios para habilitarlos y atender a pacientes contagiados, como en el caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) –la tercera más grande a nivel nacional, con una matrícula de 166 mil estudiantes de niveles medio superior y superior–, que es una de las 11 que enfrentan dicha crisis financiera.

Otras, como la Universidad Autónoma de Guerrero –con una matrícula de 87 mil estudiantes–, realiza pruebas de Covid-19 autorizadas por por Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre). Hay cinco universidades más que tienen este aval.

Sin embargo, ante el anuncio de la SEP de que este año –debido a la situación económica– no les destinará recursos extraordinarios, todas ellas se verán en la incapacidad de cubrir el pago de sus nóminas al cierre del año, incluso algunas, como la de Zacatecas, ya no tendrá fondos desde octubre, según adelantó su rector, Antonio Guzmán Fernández.

La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) pagó de manera retrasada la primera nómina de 2020, pues sus fondos cerraron en cero el año pasado y las ministraciones de los gobiernos federal y estatal no llegaron a tiempo. También tienen problemas financieros la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las de Tabasco, estado de México, Morelos, Nayarit, Chiapas y Baja California. Es decir, casi un tercio de las 35 universidades públicas estatales del país, y otras están a un paso de una situación similar.