El pasado 19 de mayo, el fiscal general de Baja California anunció la consignación ante el Poder Judicial del estado de la investigación en contra del militar retirado Julián Leyzaola, ex secretario de Seguridad Pública de Tijuana, por su presunta participación en la privación ilegal de la libertad y tortura cometidas en contra de un ex miembro de la policía municipal en marzo de 2010.

En un comunicado conjunto, la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste saludaron esa determinación judicial y señalaron que la acusación en contra de Leyzaola se relaciona con la recomendación 10/2011, emitida por la Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California en 2011.

En dicha recomendación se reconoce que el 3 de marzo de 2010 la víctima fue extraída violentamente de su domicilio y detenida sin una orden que lo justificara. Posteriormente, fue trasladada en un vehículo a la comandancia de la Policía Municipal de Tijuana, donde se practicaron actos de tortura en su contra.

Fue ahí, subrayaron ambos colectivos civiles, donde la víctima identificó, entre otras personas, al teniente coronel Julián Leyzaola, entonces secretario de Seguridad Pública local, y al capitán Gustavo Huerta, director de la policía municipal. El ex policía en cuestión fue torturado durante varias horas por agentes estatales con la finalidad de obtener una confesión sobre un supuesto hecho delictivo que no cometió.

Esperamos que la Fiscalía estatal continúe con las investigaciones de dichos casos con el fin de llevarlos a juicio; sólo así tendremos la certeza de que las autoridades están comprometidas con poner fin a las prácticas violatorias de derechos humanos en Baja California, señalaron.