Aunque los recursos federales son entregados a tiempo a las 11 universidades públicas estatales que enfrentan una severa crisis financiera, prácticamente todos los gobiernos locales hacen lo propio de manera irregular y la mitad de ellas reportan adeudos que suman casi 400 millones de pesos, solamente en lo que va del año.

Estas aportaciones incompletas y adeudos en la entrega del subsidio local complica aún más la ya frágil situación económica que viven desde hace varios años estas casas de estudio. Todas ellas tendrán problemas para poder pagar nóminas y prestaciones laborales en la recta final del año, algunas al comenzar el último trimestre.

Según el reporte de avance en la entrega del subsidio ordinario 2020, elaborado por la Subsecretaría de Educación Superior el pasado 11 de mayo, sólo las universidades Autónoma de Morelos y Michoacana de San Nicolás de Hidalgo han cumplido con su plan de austeridad y ahorro al que se comprometieron a principios de 2020 con el gobierno federal, que en los hechos les permitió acceder a recursos extraordinarios el año pasado para cerrar sin adeudos, al menos, a sus trabajadores.

Lo anterior a pesar de que la mayoría de los rectores de las universidades involucradas han declarado que sí tienen en ejecución un plan de ahorro, pero en el reporte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) indica un incumplimiento.

No obstante, la totalidad de las universidades involucradas –de Sinaloa, Oaxaca, Michoacana, Tabasco, estado de México, Morelos, Nayarit, Zacatecas y Chiapas– han entregado su informe trimestral de rendición de cuentas sobre el subsidio recibido. A este grupo, se han sumado la de Guerrero y Baja California, que presentan también problemas financieros.

Ante el reciente anuncio de la SEP de que este año, debido a la difícil situación económica del país, no habrá rescate financiero, rectores de algunas de ellas han declarado la imposibilidad de incrementar su matrícula, e incluso algunas ya presentan un ligero estancamiento, como la universidad michoacana.

En los anteriores dos años, la SEP ha apoyado a estas instituciones en crisis con poco más de 2 mil 300 millones de pesos por cada ejercicio fiscal a cambio de la restructuración en varios puntos, uno de ellos son las pensiones y prestaciones a los trabajadores, que ha prosperado en unas cuantas. Los recursos son insuficientes ante un déficit que se estimó durante 2019 en 16 mil millones de pesos.

Con datos de la SEP, estas 11 universidades –de un total de 35 estatales autónomas en el país– suman una matrícula de 621 mil 860 alumnos en el ciclo escolar 2019-2020, y más de 120 mil trabajadores docentes, administrativos y de confianza. La de Sinaloa, Guerrero y estado de México tienen las más numerosas, con casi 143 mil, 89 mil 500 y 85 mil, respectivamente.

Respecto a la matrícula, se debe aclarar que todas ellas –salvo Tabasco, Chiapas y Baja California– imparten también educación media superior, es decir, cuentan con bachillerato.

El gobierno que reporta una mayor deuda del subsidio que debe es el de Baja California, con 195.1 millones de pesos; siguen Chiapas, con 54.1 millones; Zacatecas, con 52 millones, así como los de Michoacán y del estado de México, con 44.1 y 37.1 millones de pesos, respectivamente.