La Secretaría de Gobernación (SG) informó ayer que no desaparecerá el fideicomiso para la operación del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, como lo propusieron, dijo, diputados de Morena en la Comisión Permanente el pasado miércoles.

A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, la SG detalló que dicho mecanismo es una garantía erigida para salvaguardar la vida, integridad, libertad y seguridad para el ejercicio de periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentran en riesgo y que tienen el derecho de ser protegidos por el Estado mexicano.

El fideicomiso público que administra los recursos para la operación del mecanismo está vigente luego de lo dispuesto en el decreto publicado el 2 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público comunicó el pasado 6 de mayo a la SG que es factible continuar con el fideicomiso del Fondo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Beatriz Paredes defiende apoyos para el Fidecine

Por otra parte, la presidenta de la comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, la priísta Beatriz Paredes, se pronunció en contra de desaparecer fideicomisos para la ciencia, el fondo de desastres, el de protección para periodistas y defensores, el de apoyo para el cine mexicano, entre otros.

En entrevista, recordó que esos fideicomisos fueron aprobados por legisladores que ahora están en Morena y antes eran de la izquierda, del PRD, y fueron avalados de manera plural. La idea de ellos, explicó, es que hubiera recursos etiquetados para que se garantizaran actividades prioritarias para algunos sectores”.

Paredes destacó que el Fidecine ha sido muy importante para apuntalar el desarrollo del cine mexicano; el de atención para desastres hay que mantenerlo porque hay zonas que tienen riesgos de siniestros reiterados; la pretensión de desaparecer los fideicomisos que se vinculan con la investigación científica y los que permiten a los estados realizar investigación y desarrollo tecnológico, choca con lo que se necesita precisamente para atender problemas tan serios como las epidemias.