Ante el escenario de impunidad casi total que se vive en México, sería necesario que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador admita la gravedad de la crisis de derechos humanos y solicite a la Corte Penal Internacional (CPI) que realice un examen preliminar, es decir, un diagnóstico para que el organismo investigue a profundidad los crímenes de lesa humanidad en el país.

Así lo afirmaron los participantes en el foro virtual ¿Y la impunidad? Situación de México y Colombia, quienes lamentaron que, a pesar de las declaraciones de apertura de la actual administración, no hay evidencias de que tenga voluntad política para abrirse por completo al escrutinio del organismo internacional.

Juan Carlos Gutiérrez, director del colectivo Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, enfatizó que es necesario que la CPI intervenga para analizar directamente lo que está sucediendo en México, donde según datos oficiales hay 96 por ciento de impunidad, con miles de casos de desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados y tortura.

La CPI ya tiene más de cinco comunicaciones al respecto, pero es evidente, con la actitud del gobierno mexicano, que no hay ninguna posibilidad de hablar del tema de manera franca y abierta. El del gobierno es un discurso reactivo, que intenta no reconocer la situación, a la defensiva de la justicia internacional, lamentó.

Por su parte, José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, subrayó que México está en un escenario de crímenes atroces, de conflicto armado prolongado donde se cometen crímenes de lesa humanidad por parte de diversos actores, lo cual las autoridades locales no tienen capacidad de resolver.

Por el colapso de las instituciones de procuración de justicia, el país no tiene la capacidad de procesar los miles de casos de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados. Sólo la CPI nos puede dar la oportunidad para que se lleve a juicio, para que enseñen a los mexicanos a hacer investigaciones completas y sistemáticas, manifestó.

En sentido contrario, Diego Ruiz Gayol, primer secretario de la Misión Permanente de México ante la ONU, señaló que aunque en el país ocurre una gran cantidad de delitos graves, ninguna violación de derechos humanos es tolerada por el gobierno; no forma parte de una política de Estado y (por ende) no se constituye el tipo penal de crímenes de lesa humanidad”.