Pekín. El Parlamento de China aprobó ayer la polémica ley sobre seguridad nacional en Hong Kong, en respuesta a las manifestaciones opositoras del año pasado en la ex colonia británica, lo que fue rechazado por Estados Unidos, Australia, Canadá y Reino Unido.

La ley fue aprobada por los casi 3 mil diputados de la Asamblea Nacional Popular, y fue celebrada con un gran aplauso en el Palacio del Pueblo, ante el presidente Xi Jinping.

En Hong Kong, los opositores a la influencia del gobierno central afirman que la medida reducirá las libertades de los 7 millones de habitantes de la metrópoli financiera. Joshua Wong, una de las figuras más destacadas de la oposición, estimó que la futura ley va a matar los movimientos democráticos.

Carrie Lam, presidenta de Hong Kong, prometió reforzar la aplicación de la ley para defender la seguridad nacional.

La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado indicó que la ley vuelve más sólida la base para un país con dos sistemas. Agregó que refuerza el fundamento institucional para salvaguardar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo, y garantiza la prosperidad y estabilidad duraderas de Hong Kong.

Esta nueva ley busca impedir, detener y reprimir toda acción que amenace de manera grave la seguridad nacional, como el separatismo, la subversión, la preparación o la ejecución de actividades terroristas, así como las actividades de fuerzas extranjeras que constituyen una injerencia en los asuntos de Hong Kong.

Según sus detractores, la medida se opone al principio un país, dos sistemas, que rige las relaciones entre Hong Kong y Pekín desde que el territorio fue devuelto por Reino Unido a China en 1997.

Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá y Australia acusaron a Pekín de violar sus obligaciones al aprobar esta ley. La decisión de China de imponer la nueva ley sobre seguridad nacional en Hong Kong contradice sus obligaciones internacionales, según la declaración conjunta firmada por China y Reino Unido dentro del derecho internacional, afirmaron los jefes de la diplomacia de esos cuatro países en un comunicado.

En tanto, el Congreso de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que impone sanciones a funcionarios chinos acusados del encarcelamiento masivo de uigures musulmanes, lo que podría tensar aún más la relación bilateral.

Las ONG acusan a China de recluir a un millón de musulmanes en Xinjiang, en lo que llaman campos de concentración.

Pekín niega esa cifra y habla de centros de formación profesional para apoyar el empleo y combatir el extremismo religioso.