Aproximadamente 41 por ciento de las quejas por presuntos actos de discriminación relacionados con Covid-19 son dirigidas contra servidores públicos, entre autoridades municipales, trabajadores de dependencias e institutos de salud federales y locales, de acuerdo con un reporte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). De las 313 denuncias que registró del 19 de marzo al 29 de mayo, 128 fueron contra este grupo y el resto contra particulares.

En el reporte, el Conapred da cuenta de que algunos servidores públicos se han dirigido a ciudadanos de forma discriminatoria y también que instituciones federales y locales no cumplen con las medidas para resguardar la salud de sus trabajadores, como permitir el confinamiento de aquellas que padecen enfermedades crónicas, adultos mayores o madres con hijos menores de 12 años.

En Tamaulipas, un hombre denunció que debido a la emergencia sanitaria, empleados locales que inspeccionan mercados públicos removieron de su lugar de trabajo a una persona con discapacidad motriz que desde hace siete años se dedica a bolear zapatos, pero lo hicieron de forma discriminatoria por su condición de salud.

En Jalisco, una pareja reportó que policías los agredieron físicamente por estar en la playa.

De la misma manera, en Durango un empleado acusó que un centro penitenciario de la entidad no autorizó que las personas con enfermedades crónicas y adultos mayores se confinaran en sus casas, por el contrario, se les encuarteló y no se les permite recibir artículos del exterior ni comida.

En la Ciudad de México, un médico con discapacidad motriz y diabetes que labora en una unidad de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social afirmó que solicitó autorización para no presentarse a trabajar por encontrarse en uno de los grupos de riesgo, pero no obtuvo respuesta.

Otra trabajadora del estado de México denunció que aunque padece hipertensión arterial, la institución de seguridad social federal donde labora le negó el permiso para ausentarse de su trabajo por la emergencia sanitaria.

De acuerdo con el reporte del Conapred, 128 funcionarios fueron señalados como responsables de los presuntos actos de discriminación, 47 instituciones federales de seguridad social, 18 dependencias y entidades públicas, cinco hospitales y clínicas, y cuatro empresas del Estado.