Ante el banderazo que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador al proyecto del Tren Maya, alrededor de 250 organizaciones, académicos y artistas señalaron que es un acto inoportuno, debido a que en el proceso se han atropellado los derechos y garantías de la población y se ha violentado el estado de derecho –ya que existen amparos de jueces federales que ordenan la suspensión de actividades de la obra–, y hasta la CNDH ordenó detener trabajos no esenciales.

En una carta dirigida al mandatario, señalaron que el proyecto afecta de manera directa a comunidades indígenas de cuatro de las cinco entidades por donde pasará, sin un diálogo previo para tomar su parecer y conocer sus necesidades. Advirtieron que no hay una evaluación de impacto ambiental del proyecto en su conjunto, lo cual violenta el marco jurídico, además de que hay riesgo para el patrimonio histórico y cultural: alrededor del proyecto hay 7 mil 274 sitios arqueológicos.

El megaproyecto se ha ido erigiendo sin la participación de los pueblos originarios, señalaron en el documento suscrito, entre otras organizaciones y ciudadanos, por el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil; la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch' Xíinbal; el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible; Consejo Regional Indígena Maya de Bacalar, Quintana Roo; Ka' Kuxtal Much' Meyaj, Hopelchén, Campeche; Greenpeace, y Cemda.