La pandemia de Covid-19 retrasará un año el proceso de transición de la procuraduría a Fiscalía General de Justicia (FGJ), reconoció su titular, Ernestina Godoy Ramos, durante una mesa de trabajo con diputados del Congreso de la Ciudad de México.

Si bien, dijo, se ha avanzado en las modificaciones de la estructura laboral de la dependencia, no se ha podido trabajar en el nombramiento de los fiscales ni en las capacitaciones a los actuales trabajadores. La prioridad durante la emergencia ha sido la salud de los funcionarios, por ejemplo, y la compra de trajes especiales para peritos que tienen contacto con cadáveres de Covid-19.

Los plazos para la transición sí se nos van a ir moviendo. En el tema de adecuar nuestras instalaciones, lo vamos a posponer para el año que entra, ya que ahora no podemos escatimar ningún presupuesto para proteger la salud de los compañeros; entonces, ya habrá todo el tiempo, estamos calculando que será hasta enero o febrero.

Precisó que la dependencia trabaja con 40 por ciento de sus trabajadores en la emergencia sanitaria y que han muerto 20 servidores públicos de la FGJ por coronavirus.

Destacó resultados, como el cumplimiento de mil 200 órdenes de aprehensión y reaprehensión, y 58 cateos que han permitido un número importante de detenidos con un incremento de casos judicializados y vinculados a proceso con prisión.

Como parte de las medidas de confinamiento y sana distancia, destacó la incorporación de los delitos de violencia familiar, sustracción de menores, robo simple, a bordo de transporte público, de accesorios y del interior de vehículos, así como de autos estacionados, a la Plataforma de Denuncia Digital desde el 19 de abril; no obstante, reconoció que a la ciudadanía le cuesta utilizar la herramienta debido a que algunas familias no cuentan con ordenador, y porque no se tiene la misma confianza que interponer una denuncia presencial.

La fiscal informó que los delitos de homicidio doloso y robo con y sin violencia de vehículo han venido a la baja, aunque no presentó cifras, mientras en materia de violencia familiar dijo que seguramente ha aumentado, pero no se ve reflejado en las denuncias porque no se tiene registrado un incremento.

En tanto, el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Eduardo Santillán Pérez, anunció que se realizará una revisión de todas las iniciativas sobre violencia contra las mujeres en coordinación con la fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres, a fin de elaborar una agenda de género y no hacer un ejercicio aislado del Legislativo.