A las puertas del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, pepenadores que desde hace 30 años recolectan residuos en la Central de Abasto (Ceda), lo que les permitía obtener un ingreso de 155 pesos diarios por laborar entre las 2 de la mañana y el medio día, solicitaron el apoyo de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, tras denunciar que una empresa recolectora de cartón, pet, fierro y madera los ha desplazado de su actividad.

Sostuvieron que desde 2019 la referida empresa, de la cual desconocen su razón social, ha contratado personal dejándolos sin su ingreso, a pesar de que cuentan con credenciales oficiales de la Ceda para realizar su actividad.

Adelina Domínguez García, pepenadora desde 1985 en ese centro de mercadeo, señaló que el domingo pasado fueron desalojados de las casas de cartón y madera en la calle Cazuela, a unos 30 metros de donde vivíamos antes del incendio del 7 de abril, en el que perdieron la vida 14 personas, entre ellas dos menores de edad.

En aquel incendio inexplicable a las dos de la mañana, aproximadamente, se incendiaron hogares, autos, camionetas y triciclos que utilizábamos para nuestro trabajo, hasta quedar en cenizas, lo que los obligó a instalarse entre la calle Cazuelas y la avenida principal, indicó.

En la protesta, los quejosos señalaron que sin argumento legal alguno, un día antes, quien dijo llamarse Pedro Bello y que se negó a decirnos su cargo, nos pidió retirarnos del lugar o seríamos desalojados como una medida sanitaría, ya que no éramos nada ni teníamos derecho alguno para reclamar vivienda en la Ceda, agregaron.

El acoso no ha cesado y apenas la noche del 2 de junio también fuimos desalojados del llamado corredor ecológico de la Ceda, indico Adelina.

Los recolectores de desechos sólidos señalaron que estas acciones violan sus derechos laborales y humanos al retirarles su fuente de trabajo de manera arbitraria, así como al destruir con trascabos sus viviendas.

Wilfrido Hernández Jarquín, dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, señaló, al leer un comunicado, que tras el incendio y la muerte de 14 personas, entre ellas dos niños, con fecha 18 de abril se ingresó un escrito denunciando estos hechos a la Fiscalía General de Justicia, con el folio de recibido número 7746, sin obtener respuesta al día de hoy para saber si lograron identificar a los 11 cuerpos que quedaron irreconocibles y no han sido reclamados, pues algunos eran indigentes y otros eran recolectores procedentes de otros estados de la República.