as medidas de confinamiento han representado nuevos riesgos y discusiones dentro de la agenda pública, y al mismo tiempo la continuidad en muchas otras problemáticas. La agenda de derechos humanos se vio complejizada a escala global ante el falso debate entre salud pública o libertad, mientras que muchas poblaciones vulnerables continúan sufriendo violaciones en las áreas de seguridad, género, migración, así como en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Sabemos, pues, que no habrá un pleno retorno a la normalidad mientras no exista una vacuna contra el virus o hasta que se alcance la inmunidad de rebaño. Es así que el pasado lunes, y a pesar de que la tasa de nuevos casos no ha descendido notablemente, dio inicio la nueva normalidad que implica un paulatino arranque de las actividades económicas según la situación particular de cada región medida a través del semáforo epidemiológico. Ciertamente, la medida obedece más a la vulnerabilidad económica de buena parte de la población que a la urgencia sanitaria, pero ello no nos exime de preguntarnos ¿cuál será la agenda de derechos humanos en esta nueva normalidad?

Desde el inicio de la contingencia a escala mundial, un sinfín de pensadores políticos habían alertado ya sobre los distintos ajustes que los gobiernos implementaron en nombre de la salud pública y en detrimento de la privacidad y las libertades civiles; así como sobre los riesgos colaterales que dichas políticas trajeron aparejados, tales como la presencia y regulación violenta del libre tránsito mediante el uso de la fuerza policiaca, el aumento de la violencia, especialmente la violencia de género dentro de los hogares, o las conductas discriminatorias contra servidores del área de la salud, entre otros.

En este retorno a la normalidad, habrá que tomar en cuenta lo dicho por Naomi Klein en 2007 en su Doctrina del shock, donde se advierte el riesgo de normalizar y legitimar medidas autoritarias que, en su origen, sólo son implementadas para los tiempos de crisis, pero terminan reproduciéndose después de las crisis en condiciones de normalidad.

Más recientemente, autores como Giorgio Agamben, Alain Badiou y Byung-Chul Han, entre muchos otros, han advertido sobre las crecientes medidas de control biopolítico y autoritario implementadas durante la pandemia, que van en detrimento de los derechos y las libertades y que han justificado fuertes sanciones a quienes no acatan las medidas preventivas, con lo cual se ha normalizado un factual estado de excepción. Entiéndase en este contexto por biopolítica aquellas medidas que sobre-regulan la vida en su dimensión biológica, corporal y médica, y por estado de excepción, aquellas situaciones de crisis donde los estados suspenden derechos para preservar el orden. Ambos conceptos han sido frecuentemente referidos en el análisis crítico de la presente normalidad pandémica a escala mundial.

En México, en abril, la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración publicó las Observaciones sobre Violaciones a Derechos Humanos durante la Contingencia Sanitaria por Covid-19. Este documento hace recuento de muchas de las situaciones ya advertidas por los teóricos, y nos da un panorama respecto a la agenda que habrá que seguir en materia de DDHH durante la nueva normalidad.

En el documento se detectan violaciones al derecho de tránsito en 24 estados del país por la implementación de toques de queda, retenes, cierre de fronteras, y otro tipo de restricciones a la movilidad. Maquiladoras en dos entidades también violaron derechos al no parar sus actividades económicas vulnerando la salud y derechos laborales de los trabajadores. La reducción de sueldos y despidos injustificados, agresiones al personal de salud, negativa de atención médica a personas contagiadas y el manejo de la pandemia en los centros reclusorios, son componentes de la realidad violatoria que hoy sufre el país.

En términos de violencia, el mismo documento reconoce 81 agresiones a periodistas y 60 a defensores de DDHH entre enero y abril. Las desapariciones, homicidios, violencia de género, violencias en hogares, y los desplazamientos forzados internos no han tenido ninguna disminución durante el confinamiento, y al tema se le suman las nuevas violaciones en tres estados del país por manejo de cadáveres infectados.

A su vez, las personas migrantes, población refugiada y las comunidades indígenas son propensas a la discriminación en la atención médica, así como en la cobertura de sus necesidades socioeconómicas. Por último, el derecho al acceso a la información es y seguirá siendo un gran tema en la agenda ante la imperiosa necesidad de contar con datos robustos de carácter oficial que ayuden a explicar la realidad y prevenir sus consecuencias.

Yuval Noah Harari, propone la solidaridad internacional y el empoderamiento ciudadano como respuesta necesaria ante las medidas de aislamiento y las tentaciones de políticas de control autoritario. En esta nueva normalidad implementada desde el gobierno federal, no habrá acción más pertinente que la vigilancia ciudadana hacia las instituciones y el cuidado del tejido vecinal, comunitario y social para evitar posibles abusos de poder y violencias legitimadas por la emergencia sanitaria. Los derechos humanos no son negociables aun en tiempos de pandemia o crisis social.