esde el inicio mismo de su administración el presidente López Obrador ha sido muy claro en materia tributaria: se acabó el “ huachicol de cuello blanco”, no más prácticas abusivas, excesivas e injustas, y recordaba que tan solo en las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto las condonaciones fiscales a contribuyentes privilegiados sumaron más de 400 mil millones de pesos y de ese monto 54 por ciento –213 mil millones– se concentró en 108 grandes corporativos.

Se trata, dijo el mandatario, de acabar con privilegios fiscales, hacer valer la Constitución en la letra y en el espíritu de que todos tenemos que contribuir y debe haber una recaudación con el principio de progresividad, que deben contribuir más los que obtienen más ingresos; en este caso, muy al contrario, los de mero arriba en algunos casos no pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvía. Eso se termina a partir del día de hoy; no va a haber condonaciones de impuestos.

A esa decisión en defensa de los intereses nacionales, los otrora beneficiarios de dichas prácticas –58 de ellos cotizantes en la Bolsa Mexicana de Valores– la llaman violación del estado de derecho, terrorismo fiscal, persecución y demás calificativos, porque se les acabó una de sus minas de oro, el compadrazgo, la corrupción tributaria, el intercambio de favores entre políticos y grandes consorcios a costillas de la miseria de millones de mexicanos.

Hace poco más de un año el presidente López Obrador firmó el decreto para acabar con el “ huachicol de cuello blanco” y eliminar las condonaciones de impuestos a grandes contribuyentes, porque se ha abusado de ese procedimiento, y por aquellos ayeres en este espacio se anotó: ¿qué empresas tienen mayor peso en la Bolsa Mexicana de Valores? Entre otras, América Móvil (Carlos Slim), Fomento Económico Mexicano (familia Garza Lagüera), Grupo México (Germán Larrea), Cementos Mexicanos (Lorenzo Zambrano, hasta su muerte), Televisa (Emilio Azcárraga), Grupo Salinas y Walmart de México. Ellas representan 63 por ciento del citado índice de precios y cotizaciones del mercado bursátil mexicano. También aparece Kimberly Clark, de Claudio X. González Laporte, cabeza visible del golpismo. Y varias de ellas ya pagaron los pendientes.

Pues bien, ahora, por primera vez en muchísimo tiempo, una institución como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) obedece a políticas de Estado, más que al sector privado, para cuidar los recursos públicos y darles un uso conforme a las políticas de la administración; piso parejo para todo mundo, sin privilegios, preferencias, beneficios y condonaciones, de acuerdo con la titular de dicha institución, Raquel Buenrostro.

En entrevista con La Jornada (Roberto González Amador), Buenrostro subraya: “la mayoría de los empresarios estaban acostumbrados a recibir tratos preferenciales… los grandes corporativos en promedio pagan sólo 2.1 por ciento de sus ingresos, cuando en muchos países desarrollados la cifra es de siete. La gente común y corriente paga 30 o 35 por ciento de sus ingresos como impuesto, y somos cautivos. Esa diferencia importante en la carga fiscal nos lleva a considerar que no es necesario, de entrada, una reforma fiscal, sino ver qué está pasando para que no sean siempre los mismos los que paguen contribuciones”.

En el proceso identificamos planeaciones fiscales que rayan en la defraudación fiscal, y notamos que, en muchos casos, (las empresas) son representadas por el mismo despacho de abogados. Algunos se dedican a vender mecanismos fiscales para que paguen menos. Por ello, también los despachos de abogados y notarios están en la mira del SAT.

Las rebanadas del pastel

El cavernícola Donald Trump aseguró que el Covid-19 solo era una gripita (no es necesaria la cuarentena, a pesar de los 100 mil muertos en su país, y contando), pero en el primer trimestre del año la economía estadunidense cayó 4.8 por ciento (1.6 por ciento en el México encuarentenado) y para abril-junio la Reserva Federal estima un desplome sin precedente.

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