la decidida política gubernamental de incrementar la recaudación y cobrar impuestos a quienes deben pagarlos –siempre de acuerdo con la ley–, los voceros oficiales y oficiosos del sector empresarial acostumbrado a no hacerlo la denominan actitud amenazante, vil chantaje y/o terrorismo fiscal, entre otros bonitos calificativos. Apapachado por los gobiernos neoliberales, tal sector no solo incumplía con el fisco, sino que anualmente se beneficiaba de jugosas devoluciones y condonaciones que formaban parte del vertiginoso crecimiento de fortunas de ensueño.

Como bien lo señaló la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) Raquel Buenrostro, por primera vez en muchísimo tiempo, esa institución obedece a políticas de Estado, más que al sector privado, para cuidar los recursos públicos y darles un uso conforme a las políticas de la administración; piso parejo para todo mundo, sin privilegios, preferencias, beneficios y condonaciones ( La Jornada, Roberto González Amador).

Buenrostro tiene razón cuando subraya que “la mayoría de los empresarios estaban acostumbrados a recibir tratos preferenciales… los grandes corporativos en promedio pagan sólo 2.1 por ciento de sus ingresos, cuando en muchos países desarrollados la cifra es de siete. La gente común y corriente paga 30 o 35 por ciento de sus ingresos como impuesto, y somos cautivos. Esa diferencia importante en la carga fiscal nos lleva a considerar que no es necesario, de entrada, una reforma fiscal, sino ver qué está pasando para que no sean siempre los mismos los que paguen contribuciones”. Pero la respuesta de ese sector empresarial es la citada (actitud amenazante, vil chantaje, terrorismo fiscal …)

¿De qué se quejan esos empresarios? ¿Qué es lo que extrañan? Bueno, un ejemplo documentado años atrás es el siguiente: en su revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que alrededor de 240 mil millones de pesos no ingresaron al erario, pues los grandes contribuyentes utilizaron sus conexiones políticas y las facilidades de ley para no pagar sus respectivos créditos fiscales. Esa institución lo resumió así: 0.04 por ciento de los deudores, con uno por ciento del número total de créditos fiscales determinados hasta 2005, daban cuenta de 48.3 por ciento del adeudo total.

¿Quiénes fueron los beneficiarios? Los mismos que hoy se retuercen porque el SAT, ahora sí les cobra impuestos, no condona ni devuelve nada: instituciones bancarias, televisoras, equipos de futbol, ingenios azucareros, transportistas, grandes constructoras y hasta partidos políticos, entre otros. Ese balance solo corresponde a 2005, en el gobierno de Fox, pero fue práctica de todos los gobiernos neoliberales.

Cuando el comandante Borolas llegó a Los Pinos, fue informado de tal situación y su respuesta fue contundente: ordenó a su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, publicar un acuerdo (JG-SAT-IE-3-2007) en el Diario Oficial de la Federación, para condonar créditos fiscales por 500 mil millones de pesos, la mayoría concedidos a un grupo de grandes empresas. Y lo mismo Peña Nieto.

La ASF detectó que entre 2001 y 2005 el gobierno foxista transfirió casi un billón 200 mil millones de pesos en impuestos al gran capital y el SAT pagó al sector empresarial 679 mil 691 millones de pesos por devolución de impuestos (216 por ciento más que la inversión privada en el mismo lapso). Además, la Secretaría de Hacienda (Francisco Gil Díaz) benefició con créditos fiscales al sector productivo con 495 mil 807 millones de pesos. El resultado de dicha investigación arrojó que el saldo de los créditos fiscales de 2001 a 2005 pasó de 27.9 a 35.1 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno federal.

Y esa sí fue una verdadera práctica de terrorismo fiscal. Pero, ¿qué creen?: se les acabó el festín.

Las rebanadas del pastel

Once años ya de la tragedia en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, y la justicia sigue brillando por su ausencia… Un fuerte abrazo de despedida al querido y respetado Héctor Ortega.

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