La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) le hizo un atento exhorto a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para que siga cumpliendo con su labor de atención a las personas que han sufrido algún agravio, pues de lo contrario estaría violando la Constitución, mientras diversos colectivos civiles se manifestaron para exigir la renuncia de la titular de ese organismo, Mara Gómez Pérez.

En un comunicado, la CNDH indicó que aunque tiene claridad sobre la existencia de un entorno complicado en materia presupuestal para la CEAV, ésta forma parte delas instituciones que no pueden dejar de asumir a cabalidad su papel, pues de lo contrario estaría violentando el artículo uno de la Constitución.

El organismo público alertó que, si se concreta el recorte de 75 por ciento en el gasto corriente de la CEAV, en realidad dicha institución tendería más bien a desaparecer, pues al no tener presupuesto para pagarle a sus trabajadores, las más de 7 mil 200 víctimas que dependen de ella dejarían de contar con atención médica, sicológica, social y jurídica.

Por tal razón, con el respeto que nos merece la CEAV, la Comisión Nacional indicó que una paralización de sus actividades violaría el artículo primero constitucional”, por lo que exhortó a las autoridades hacendarias y de la propia Comisión Ejecutiva para revisar sus medidas de austeridad, privilegiando el bienestar los injuriados.

Mientras tanto, organizaciones de personas agraviadas se instalaron ayer en plantón frente a Palacio Nacional para exigirle al gobierno federal que explique los motivos de la incertidumbre presupuestaria de la CEAV y que se remueva de su cargo a la titular de esa dependencia, Mara Gómez.

Queremos que nos expliquen por qué la comisionada hace estas declaraciones (de que el organismo podría llegar a la paralización por falta de recursos). Hay pánico entre las víctimas, porque con el apoyo de la CEAV algunas todavía pueden seguir buscando a sus familiares y alimentarse. Ella debería ver todo lo que genera por hablar sin fundamento, señaló en entrevista Carlos Castro, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Por separado, organizaciones civiles de derechos humanos afirmaron que desde años han advertido sobre las graves deficiencias de la CEAV, y pese a ello, dicho organismo aún se caracteriza por su ineficiencia, apatía, burocracia, y opacidad, propiciada por la ausencia de un reglamento interno, pendiente de emisión desde 2017.

En un comunicado conjunto –firmado por Idheas y el Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas, entre otros– llamaron a la Secretaría de Hacienda a que garantice la suficiencia presupuestal para las actividades de la CEAV y otorgue recursos específicos que le permitan cumplir con sus obligaciones conforme a la Ley General de Víctimas.