o pudo sostener Enrique Alfaro Ramírez el aire retador ni las decisiones rígidas que había asumido en cuanto a las medidas sanitarias relativas al Covid-19 y a su relación política con el Poder Ejecutivo federal.

Durante semanas, Alfaro, ingeniero civil con maestría en desarrollo urbano por El Colegio de México, pareció convertirse en la figura más recia y creciente de la oposición institucional al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), mediante declaraciones tronantes (entre otras, de manera directa contra el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell), planteamientos controversiales (como la redefinición del pacto fiscal nacional) y un activismo opositor al obradorismo que lo llevó a ser la principal figura de una especie de sindicato de ocho gobernadores (a los siete originales, cifra que incluye a Alfaro, se ha sumado el de Guanajuato, quien asegura que representa el interés de otros mandatarios no morenistas del centro del país, que pronto se integrarán a este frente).

Nacido en Guadalajara y por cumplir 47 años el próximo domingo 20, Alfaro se tropezó políticamente con un cubrebocas. Es decir, con un episodio de brutalidad policiaca contra un albañil de 30 años de edad, Giovanni López, quien fue detenido con violencia por policías de uno de los 125 municipios de Jalisco, Ixtlahuacán de los Membrillos, ubicado a unos 45 minutos de Guadalajara y con poco más de 55 mil habitantes.

Acusado de no llevar cubrebocas, según las primeras declaraciones informales del caso y conforme a un video, Giovanni López apareció muerto horas después de haber quedado bajo control de los policías de un municipio constantemente señalado por hechos delictivos atribuibles al crimen organizado y su dominio del aparato de gobierno, en este caso a cargo del presidente municipal Eduardo Cervantes Aguilar, un priísta con varias acusaciones densas en su contra.

A un mes de los sucesos trágicos (del 4 de mayo al 4 de junio) y con la viva indignación mundial debido al asesinato por policías del afroestadunidense George Floyd en Minneapolis, Minne­sota, el caso Giovanni fue mostrado como una consecuencia de las políticas autoritarias que Alfaro desplegó de manera orgullosa para diferenciarse de las practicadas por el gobierno federal: cárcel a quienes no usaran cubrebocas en público, mano dura, implacable, presumía el político que ha pasado por los partidos Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática y, ahora, sin afiliación pero con absoluta inmersión y control, Movimiento Ciudadano, desde el cual ha considerado posible intentar una coalición de partidos que lo lance como candidato presidencial en 2024.

Alfaro, cuyo padre fue rector de la UdeG, no pudo zafarse del rol de político duro que había escogido para sí mismo. Frente a la primera protesta masiva, el jueves 4 fuera de Palacio de Gobierno, llegó al arrebato nocturno de conminar al Presidente de la República para que controlara a su gente y partido, Morena, en una virtual acusación de responsabilidad de Palacio Nacional, o sus sótanos del poder, respecto a los actos violentos que iniciaban. A la mañana siguiente, matizó sus palabras y trató de zafar a AMLO del escenario.

El viernes 4 fue la noche triste de Alfaro. Policías de civil, con palos y bates, amagaron, detuvieron, secuestraron y golpearon a decenas de jóvenes que pretendían manifestarse afuera de la Fiscalía General del estado. Las escenas fueron terribles, al estilo diazordacista o del halconazo de 1971. Todo ello prendió en las redes sociales, motivó más marchas de protesta y generó indignación nacional.

Al siguiente día, un debilitado gobernador retiró las acusaciones contra todos los encarcelados, para que salieran libres, aseguró que había comprobado que todos los desaparecidos estaban en sus domicilios, se declaró apenado y avergonzado por los hechos y aceptó que la acción policiaca represiva pudo haber obedecido a instrucciones o intereses de otra índole, como el crimen organizado. ¡Hasta mañana!

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