León, Gto., El gobernador Diego Sinhue Rodríguez ofreció este lunes una disculpa pública a las 324 víctimas de violencia sexual, tortura y tratos crueles e inhumanos cometidos en el centro de asistencia social Ciudad de los Niños Salamanca, administrada por el sacerdote católico Pedro Gutiérrez.

Ayer, en sesión extraordinaria del Sistema de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el mandatario aceptó la recomendación 32VG/2020 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Reconozco y acepto la responsabilidad en la que se ha incurrido en los hechos suscitados en las casas hogar administradas por la Ciudad de los Niños Salamanca, declaró.

La CNDH comprobó que en los albergues de la Ciudad de los Niños Salamanca fueron torturados 21 infantes y 10 adultos mayores con discapacidad; se cometió violencia sexual contra nueve adolescentes y cuatro adultos, además de que 17 menores y dos adultos sufrieron tratos crueles.

El organismo constató las condiciones indignas, de promiscuidad, insalubridad y riesgo en las que habitaban al menos 135 niños y adolescentes, así como 191 personas adultas que padecen discapacidad intelectual en los centros de asistencia administrados por la asociación civil.

De igual manera, detectó que el Registro Civil del estado registró a 169 personas como hijos biológicos del clérigo. Por ello, la CNDH solicitó cancelar la licencia de organización de asistencia social a la asociación civil encabezada por el religioso.

Rodríguez recordó que la CNDH emitió la recomendación citada el pasado 19 de mayo y ofreció una disculpa a las 324 víctimas que sufrieron violaciones graves a sus derechos humanos en las casas hogar administradas por la Ciudad de los Niños Salamanca, que con tolerancia de distintas administraciones estatales sufrieron afectaciones en el goce de sus derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al desarrollo y a la integridad personal, con motivo de actos de tortura, violencia sexual y trato cruel e inhumano.

Asimismo, Rodríguez instruyó a todas las dependencias estatales competentes que apliquen las medidas restaurativas que sugirió la CNDH”.

En agosto de 2017, el ahora fiscal general del estado, Carlos Zamarripa, informó que no existía ninguna investigación contra el cura Gutiérrez Farías, por no haberse determinado que incurriera en algún delito.