Nueva York. La ola de protestas a escala nacional cumple dos semanas de acciones en cientos de ciudades y su incesante presión ya ha provocado cambios políticos y sociales, desde una nueva ronda de propuestas de reforma de las fuerzas policiacas a nivel local y federal, obligando al sector empresarial a reconocer el nuevo movimiento de derechos civiles y hasta haciendo hincar a jefes de policía, alcaldes, legisladores locales y federales en solidaridad con la demanda central de frenar la violencia oficial racista.

Durante las dos semanas desde que el asesinato del afroestadunidense George Floyd por policías en Minneapolis detonó las grandes movilizaciones –primero en respuesta a la brutalidad policiaca y que ahora abarca la justicia racial–, esta expresión sin precedente en décadas sigue sacudiendo y sorprendiendo al país y su cúpula política.

El impacto casi inmediato de esta inesperada ola se registra con intentos de políticos en responder a algunas de sus demandas, después de arrestar a más de 10 mil manifestantes, imponer toques de queda y más incidentes de violencia policiaca.

Ayer, el liderazgo demócrata en ambos cámaras del Congreso presentó un ambicioso proyecto de ley de reforma de seguridad pública en Estados Unidos, que incluye prohibir ciertas tácticas de fuerza para someter a sospechosos o ingresar a sus hogares y crear un proceso independiente para investigar abusos en el uso de fuerza, entre otras medidas.

Pelosi y otros legisladores también se arrodillan

Esto, después de que en el Capitolio la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros legisladores, se hincaron –como lo han hecho repetidamente alcaldes y jefes de policía– para expresar su solidaridad con la demanda del movimiento de poner fin a la violencia racista de la autoridad.

La nueva exigencia de los manifestantes de costa a costa es recortar o anular el financiamiento de la policía y emplear esos fondos públicos para programas sociales. Tal vez la respuesta más dramática a esta demanda se dio en Minneapolis, escenario del crimen que detonó estas protestas, donde el concejo municipal votó por disolver el departamento de policía y crear un sistema de seguridad público alternativo; sería el primer caso de una ciudad importante en hacerlo.

Varios alcaldes, incluidos los de las ciudades más grandes del país, han sido obligados a comprometerse a reformas en sus departamentos de policía y reconocer sus fracasos para hacerlo hasta ahora. En Nueva York, la ciudad más grande del país, el alcalde Bill De Blasio prometió reformas, entre ellas una reducción en el presupuesto de la policía para emplear esos fondos en servicios sociales y promover mayor transparencia sobre la disciplina de esas fuerzas; algo parecido anunció su contraparte Eric Garcetti en Los Ángeles.

En California, el gobernador Gavin Newsom llamó a poner fin a una serie de tácticas de sometimiento empleadas por fuerzas policiacas, mientras en Seattle y otras ciudades, alcaldes y jueces han ordenado el cese del uso de gas lacrimógeno y otras herramientas químicas para contener disturbios.

Las protestas también han obligado a múltiples empresas nacionales, desde Amazon hasta Viacom, y tiendas departamentales a expresar apoyo explícito a uno de los lemas del movimiento: Black Lives Matter (Las vidas de los negros importan), en su publicidad.

A la vez, las movilizaciones han sacudido a los medios: el jefe de opinión del New York Times se vio obligado a renunciar después de publicar un artículo que apoyaba el envío de tropas para sofocar las protestas, el editor ejecutivo del Philadelphia Inquirer renunció el sábado pasado tras publicar un reportaje con el título: Los edificios también importan, y en Pittsburgh el periódico Post Gazette provocó ira dentro y fuera de su redacción luego de prohibir que dos de sus reporteros afroestadunidenses cubrieran las protestas porque habían mostrado prejuicio.

Todo, mientras Donald Trump repite una y otra vez: Yo quiero LEY y ORDEN.

Su aparente contrincante demócrata Joe Biden visitó a la familia de Floyd en Houston ayer, algo que el presidente no se ha atrevido a hacer.

Mientras, 80 por ciento de los votantes opina que las cosas están generalmente fuera de control en Estados Unidos, según una encuesta de NBC News/Wall Street Journal.