a manifestación de las ideas y su consecuente libertad a la protesta social es una de las más vigorosas afirmaciones de un Estado democrático. Es incontestable y se expresa verbalmente, por escrito o vivamente con el firme límite constitucional de respetar la vida privada, los derechos de terceros, de no provocar algún delito o perturbar el orden público. El derecho a expresarse, cuando es público, generalmente se asocia a los de libertad de asociación y de tránsito.
Un segundo enfoque correlacionado con los aludidos, es el deber de la autoridad de cumplir y hacer cumplir la ley garantizando el ejercicio de ese derecho y simultáneamente que su ejercicio se dé con los condicionamientos que la propia Constitución fija.
El tercer componente de la complicación es lo irreal en los hechos de la definición del derecho a la libre expresión que confronta dos ideas: libertad, pero limitada y en el caso mexicano, agréguese la fragilidad de las instituciones que participan en su garantía: tribunales, fiscalías y policías.
En la intención de ser atendidos, los requirentes acudirán no sólo a declaraciones verbales, sino que irán directamente a confrontarse con la ley mediante actos fronterizos con la ilegalidad o en franco reto a la autoridad mediante marchas, bloqueos, disturbios, motines, saqueos, sustentados en alegatos de legitimidad al abogar por derechos humanos de reales o hipotéticas víctimas, ubicándose en terrenos de conflicto legal.
Un letal agregado al conflicto es la frecuente inclusión de elementos agresores externos, como aquellos Halcones de San Cosme en 1971 o lo que rebasa toda razón, los grupos falsamente demandantes que son movidos por intereses políticos y azuzados con dinero. Ellos seguramente ignoran hasta los nombres de las víctimas que dicen defender.
Policías asesinan a un albañil en Jalisco, lesionan a una adolescente en Polanco. Vándalos prenden fuego a un policía en Reforma, destrozan bienes particulares o públicos o lo que sea. Su único valor codiciado es el dinero que los compra. Desde lejos e impunes, sus manipuladores observan la refriega por ellos originada. Examinando el fondo se revela que el país enfrenta un problema mayor.
La libertad de expresión se limita cuando entra en conflicto con los derechos de terceras personas. El derecho se deteriora cuando entra en relación con el delito que provoca daños a terceros en sus propios derechos. Si delinque, el victimario debe sufrir una sanción legal y la censura social.
Lesionar, destruir o dañar propiedades, bloquear vías de comunicación o amenazar, no es forma tolerable de manifestarse por personas o grupos. Hacer usos extremos de la fuerza de la autoridad es igualmente recusable. He aquí que las formas legales de equilibrio entre derechos se tornan difíciles y existen pruebas de que eso no se logra siempre aun en sociedades evolucionadas. Así los actores involucrados: el derechohabiente de garantías, la autoridad y los frecuentes terceros afectados, se hunden en espacios de complicación terrible.
La fórmula que plantea la sociología es el uso proporcional de la fuerza pública y el autocontrol social, lo que conduce a una complicación terrible, más lo fundamentalmente lamentable es la alta posibilidad de que el enfrentamiento entre dos presuntas razones conduzca a un drama político y social y éste lleve a resultados dolorosos.
Por ya décadas la situación de paz pública en México está muy lejos de ser satisfactoria. A la violencia criminal se sumó la violencia social y política y hay riesgo de que se dispare la violencia oficial. La pirámide de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, estrategias, directivas y más, emitidos a lo largo de casi 20 años, además de resultar discordantes por su origen fraccionario, a la larga han resultado nulas en su efecto. Después de emitidas no han cambiado nada.
Esta anomia amenaza con conducirnos a un estado de ausencia de derecho, de conductas sociales destructivas y de víctimas personales y patrimoniales que simplemente no confían en ninguna autoridad. Los intereses políticos prelectorales están realmente desatados. Muestran que irán a una lucha sin límites. Como está obligada, la autoridad, calculando los largos y graves tiempos por venir, tiene a su cargo la última decisión.
El valor esencial a custodiar es la libertad de expresión, pero no será posible sin una autoridad hábil, garante de derechos y una sociedad con autocontrol de sus pasiones. No es un problema de momentos coyunturales, es una tragedia estructural que no hemos sabido resolver. ¡¡Terrible complejidad!!
