Los estados de la República sí pueden emitir leyes en materia de justicia cívica, pues aun cuando la Constitución establece que se debe emitir una ley general sobre el tema, esto todavía no sucede y tampoco existe una prohibición expresa para que lo haga.

Así lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al comenzar a resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en contra de la Ley para Regular la Convivencia Civil de Colima.

La PGR argumentó que el artículo 73, fracción XXIX-Z de la Constitución federal señala que el Congreso de la Unión deberá expedir una ley general de justicia cívica e itinerante, lo que desde su punto de vista definía a este tema como de competencia exclusiva de los legisladores federales.