n el sistema carcelario mexicano conviven todo tipo de criminales, en una amalgama explosiva que maneja cadenas delictivas de extorsión, fraudes y operaciones ilícitas a distancia; ahí se recluta y capacita a internos neófitos para utilizarlos como carne de cañón en la delincuencia organizada; mientras también apadrina, amedrenta y somete a la población penitenciaria.

Este problema lo enfrentan, primordialmente, los gobiernos locales, ya que existen 297 cárceles en el país, de las cuales 278 son estatales y 19 federales. De ellas, nueve son un negociazo privado que se promovió desde la administración de Genero García Luna y que le han costado a la nación cantidades verdaderamente estratosféricas en beneficio de particulares –situación que es menester investigar y aclarar a fondo–.

De las cárceles mencionadas, 141 estatales están ocupadas a 141.35 por ciento de su capacidad; es decir, están sobrepobladas, y de las federales, están subutilizadas la de Michoacán y la femenil de Morelos, entre otras. En cuanto al total de internos, 86 por ciento son del fuero común y 14 por ciento de competencia federal, pero todos ellos se hallan mezclados en las diversas instalaciones.

En ese desordenado universo carcelario, existe también un revoltijo caótico y explosivo de primodelincuentes y reincidentes de alta peligrosidad que conviven, coparticipan e, igualmente, sufren las consecuencias de esa situación. De la población 63 por ciento de los reos ya fueron sentenciados y 37 por ciento restante está bajo proceso, por lo que no se sabe si son culpables.

Este panorama, desde el punto de vista económico, no puede ser peor, ya que todo ello le cuesta al país alrededor de 23 mil millones de pesos por año, siendo los concesionarios particulares y los grupos delincuenciales ya señalados los grandes beneficiarios de ese gasto desmesurado. Un ejemplo singular de lo que sucede en muchas cárceles es la extorsión telefónica, con 5.2 millones de esos delitos que se cometen al año y que significan casi 10 casos por minuto, crimen que se ha tratado inútilmente de combatir en innumerables ocasiones.

Respecto al llamado autogobierno carcelario, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha señalado que una de cada tres prisiones estatales presenta esa condición, donde los delincuentes presos son, al mismo tiempo, autoridades que administran y explotan a su favor los penales, y que continúan cometiendo delitos, ya sea dirigiendo los cárteles de extorsión, cobrando derecho de piso, venta de protección interna, lucro con el tráfico de drogas, trata de personas, así como el control de todo género de ajustes de cuentas, motines y fugas.

Esa profesionalización delictiva de los internos y la llamada puerta giratoria, que ha liberado a casi 700 mil personas en cinco años, han sido factores fundamentales del incremento de 31 por ciento en la incidencia criminal que sufre el país.

En razón de esta realidad, que es ya insostenible, es preciso realizar cambios radicales al sistema carcelario, bajo las siguientes premisas fundamentales:

La primera prioridad debe ser asumir, por parte de los estados y de la Federación, responsabilidad compartida en lo que a cada sector le corresponde.

La segunda, para evitar la contaminación delictiva generalizada, se debe proceder a la separación absoluta de los internos sentenciados de los que todavía están bajo proceso.

Tomando en cuenta las proposiciones anteriores, se requiere establecer cárceles abiertas para primodelincuentes, tanto en delitos federales como del fuero común que no cuenten con un perfil de peligrosidad o de permanencia en el delito, que estén dispuestos a readaptarse y que hayan cubierto y garantizado la reparación del daño a sus víctimas, para que, mediante sus actividades privadas o de servicio público, se reubiquen en la vida comunitaria, cubran el costo de su manutención y logren una auténtica reinserción social.

El resto de los internos, que no sean de alta peligrosidad, deben quedar recluidos en cárceles industriales donde se generen cadenas productivas de bienes y servicios que adquieran primordialmente los gobiernos, y que sean operadas por los reclusos. Los ingresos generados les permitirán cubrir parte de su manutención y la reparación del daño, mientras se capacitan en tareas especializadas. Del cumplimiento de los roles laborales se derivarían reducciones sustanciales en sus sentencias. Los internos que se nieguen a participar no podrán obtener reducción, ni beneficio alguno.

La población procesada por delincuencia organizada y/o considerada de alta peligrosidad debe quedar aislada de la vida comunitaria, así como de cualquier influencia exterior y, para ello, se deben construir, en áreas no habitadas del territorio nacional, reclusorios de máxima seguridad que cumplan con esos requisitos. Si se aprovecha racionalmente el inventario carcelario, se puede rescatar una buena parte de las instalaciones para hacerlas eficientes y adecuadas a este nuevo modelo.

Para lograr todo lo que se propone en un corto plazo, es necesario renovar la legislación carcelaria y la estructura administrativa para que se asuma una responsabilidad compartida y comprobable entre estados y Federación bajo las premisas apuntadas.