Madrid. Lo más selecto y poderoso del empresariado español, entre ellos los principales responsables de la banca, el sector energético, la industria textil, el turismo y los servicios, se reunieron para hablar de futuro y reclamar coherencia al gobierno de coalición del socialista Pedro Sánchez, que tiene como principal aliado a Unidas Podemos (UP).

La reunión la convocó la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que hace sólo unos días criticó la ruptura del diálogo social por parte del gobierno, que decidió anunciar en solitario una inminente reforma de la legislación laboral, que había acordado con un partido minoritario del Congreso, EH-Bildu.

Sin llegar a una ruptura formal en las semanas recientes se ha agudizado la distancia entre los principales empresarios con el gobierno, sobre todo a raíz de rectificaciones de la reforma de la legislación laboral y tras varios anuncios todavía sin confirmar de una reforma fiscal inminente que gravará las principales fortunas y empresas más consolidadas, a fin de aumentar los ingresos del Estado para financiar la salida de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19.

Mensajes confusos del gobierno de Pedro Sánchez

Los principales representantes de los sectores financiero, construcción, energía, servicios y turismo analizaron la situación en un foro abierto, que se realizó por Internet, en el que insistieron en que algo apremiante para luchar contra la pobreza, el desempleo y la paralización de la economía que sufre el país era dar certidumbre jurídica y fiscal a la empresas y a los potenciales inversionistas. Dieron a entender que, a su juicio, el gobierno ha lanzado mensajes confusos, contradictorios y hasta nocivos para la recuperación económica.

Entre los que expresaron su postura estaban Pablo Isla, de Inditex; Juan Roig, de Mercadona; Ana Botín, de Banco Santander; Carlos Torres, de BBVA; Jordi Gual, de Caixabank; José Ignacio Goirigolzarri, de Bankia; Josep Oliu, de Banco Sabadell; José Bogas, de Endesa; Ignacio Sánchez Galán, de Iberdrola; Antonio Brufau, de Repsol; Francisco Reynés, Naturgy y José Manuel Entrecanales, de Acciona.

Entre los reclamos más insistentes fue dar continuidad, más allá de septiembre, a los llamados expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE), que se incluyó en el estatuto del trabajador durante el anterior gobierno del conservador Mariano Rajoy, y que permite al Estado asumir la mayoría del salario de una empresa en riesgo de quiebra, al menos el tiempo en el que se estabiliza su situación.

También reclamaron una política energética coordinada con las propias empresas del sector. El plan de recuperación es muy complejo y con muchas variables y exigirá mucha disciplina, constancia, rigor, imaginación, audacia y madurez, un comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del gobierno, partidos políticos, empresarios, sindicatos y de todos los ciudadanos, señaló Isla.

Ana Botín, de Banco Santander, agregó que el gobierno debe priorizar las políticas públicas que incentiven la creación de empleo”, al advertir que cualquier iniciativa pública debe ir en este sentido, crear tejido empresarial.

Los empresarios se reunieron por primera vez en solitario, sin el amparo del gobierno, y en mitad de unas negociaciones entre los agentes sociales –sindicatos y empresarios– que están en el aire porque el empresariado ha afirmado que ha perdido la confianza en el gobierno en su función de mediador.

España sufrirá este año, según las previsiones más optimistas de la OCDE, una caída de 14 por ciento del producto interno bruto y se teme que la tasa de desempleo supere 20 por ciento.