Nueva York. Comienza la cuarta semana de protestas por la violencia racista oficial en Estados Unidos nutrida por más casos de abusos de fuerza policiaca, lo que ha profundizado el debate sobre reformas y ha creado una emergente crisis dentro de las filas de seguridad pública, mientras –entre la pandemia del Covid-19 y la pandemia del racismo– los estadunidenses ya no están tan orgullosos de su país.

La jefa de la policía de Atlanta, Erika Shields –una reformadora–, entregó su renuncia horas después de que uno de sus policías asesinó a Rayshard Brooks, otro afroestadunidense, el viernes pasado. El servicio forense del condado donde se ubica esa ciudad determinó la noche del domingo que la muerte de Brooks fue homicidio causado por dos balazos que policías blancos le dieron por la espalda. El lunes, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, anunció una serie de reformas inmediatas sobre el uso de fuerza por policías.

Mientras, la Casa Blanca dejó saber que el presidente Donald Trump firmará una orden ejecutiva, posiblemente hoy, sobre el tema de abuso policiaco, pero reiterando su apoyo a la ley y el orden, aunque obviamente procediendo bajo presión de la opinión pública que de manera mayoritaria apoya el grito masivo en las calles.

Por su parte, legisladores demócratas se preparan para aprobar en la Cámara de Representantes –donde tienen mayoría– un proyecto de ley que incluye una serie de reformas a la conducta policiaca, entre ellas mayor rendimiento de cuentas, pero es improbable que prospere en el Senado, bajo control republicano, y menos que sea promulgado en ley por el presidente.

El casi abanderado demócrata para la presidencia, Joe Biden, se encuentra bajo presión para anunciar propuestas más ambiciosas que su sugerencia de incrementar –justo contrario a una de las demandas de los manifestantes– el gasto federal para la policía por 300 millones de dólares para impulsar mayores controles.

En Nueva York, el comisionado de policía, Dermot Shea, anunció de manera sorpresiva que la unidad anticrimen violento compuesta por unos 600 agentes de policía y responsable de la mayoría de casos de uso de fuerza letal, será desmantelada.

Estas son sólo algunas de las promesas de reforma en respuesta a la ola de protestas que siguen sacudiendo al país, pero líderes de derechos civiles, historiadores y diversos protagonistas de este movimiento critican que este debate sobre reformas no es nuevo ni suficiente.

Como para ilustrar eso, en las últimas semanas y meses, jefes de varios departamentos de policía han sido despedidos o han renunciado, entre ellos, hace hace unos días, el de Louisville, Kentucky; y, en los últimos meses, en Chicago y Baltimore, entre otros, adonde llegaron para reformar esos departamentos después de severos abusos de fuerza e impunidad.

A su vez, algunos policías señalan que a veces ellos son los chivos expiatorios de los políticos que giran las órdenes que ellos cumplen, sólo para después ser acusados de abusos. “No nos traten como animales… Los legisladores nos han abandonado”, chilló Pat Lynch, jefe del gremio de policías en Nueva York hace unos días.

Ante esto, está creciendo el coro entre manifestantes con la nueva consigna de desfinanciar a la policía o hasta abolir los departamentos de policía para sustituirlos con otro tipo de protección de seguridad pública.

El concejo municipal de Minneapolis ya aprobó la medida de disolver su departamento de policía y en otras ciudades, incluidas Nueva York y Los Ángeles, se está contemplando reducir los presupuestos de la policía y trasladar esos fondos a programas sociales.

Críticos han señalado que esos presupuestos se han multiplicado en años recientes, junto con el sistema penal que encarcela a más gente que cualquier otro país del mundo, que se ha militarizado la policía con la compra de equipo de guerra y estrategias de ocupación de comunidades, mucho de ello justificado en las últimas dos décadas como parte de la lucha antiterrorista, y antes de eso como parte de la guerra contra las drogas.

El presupuesto del departamento de policía de Nueva York es de 6 mil millones de dólares, lo cual lo colocaría como el número 33 de los gastadores militares en el planeta, calculó Public Citizen.

A la vez, algunos están subrayando que la violencia policiaca es sólo una expresión del racismo sistémico en Estados Unidos, y que una solución tiene que abordar la violencia de las injusticias económicas y sociales contra minorías que prevalecen en el país.

“Nunca hemos sido testigos de manifestaciones sostenidas de estas dimensiones y tan diversas… eso es lo que le está dando mucha esperanza a la gente. Antes, muchos, en respuesta a la consigna ‘las vidas negras valen’, preguntaban ‘¿no deberíamos decir que todas las vidas valen?’ Pero finalmente están entendiendo que mientras la gente afroestadunidense es tratada de esta manera, mientras continúe la violencia del racismo tal como está, entonces nadie está seguro”, comentó la veterana luchadora de liberación afroestadunidense y derechos civiles Angela Davis en entrevista con The Guardian.

Quizá por todo esto, el orgullo nacional de los estadunidenses se desplomó a su nivel más bajo. Según la encuesta de Gallup, el nivel de orgullo de ser estadunidense sufrió un declive de 7 puntos a sólo un 63 por ciento comparado con el año pasado, para llegar a su nivel más bajo desde que la encuestadora empezó a registrar esta opinión en 2001.