Buenos Aires. El ex presidente argentino Mauricio Macri podría enfrentar una pena hasta de 25 años de cárcel si se le declara culpable del delito de producción de inteligencia ilegal, y de acuerdo con documentos y testimonios, si eventualmente fuera responsable al fijar los lineamientos y objetivos de la política de inteligencia nacional, en el contexto de la causa en la cual se le investiga por espionaje ilegal a políticos, periodistas, sindicalistas y religiosos durante su presidencia (2015-2019).

Si esta causa avanza, Macri podría ser procesado por asociación ilícita y las penas son de entre tres y 10 años de cárcel por la producción de inteligencia ilegal, y de cinco a 20 años por asociación ilícita. El límite, sin embargo, son 25 años, la pena máxima en Argentina.

Al asumir la presidencia, Macri enfrentaba un proceso por espionaje ilegal cuando era jefe de gobierno de esta capital y también por la utilización de grupos civiles (parapoliciales) para actuar contra familias en situación de calle que fueron brutalmente maltratadas. Pero un juez cerró el caso casi inmediatamente después de que tomó posesión como presidente.

En tanto, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, la macrista María Eugenia Vidal, anunció que se presentará como querellante en esta causa de espionaje que ella denunció ante Macri en 2019.

Por otra parte, la ex funcionaria Susana Martinengo, encargada de Documentación Presidencial en el pasado gobierno y funcionaria de máxima confianza de Macri, recibía en su despacho de la Casa Rosada la correspondencia del ex mandatario, pero también resultó ser el vínculo con los agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) encargados de espiar a políticos, entre ellos la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, lo que se transformó en el gran escándalo en medio de la pandemia del Covid-19.

De acuerdo con la causa sobre la red de espionaje, abierta por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, se confirman al menos 12 ingresos de los espías a la presidencial Casa Rosada.

El agente de la AFI Leandro Araque –cuyo celular resultó ser una caja de pandora– declaró ante una comisión de inteligencia del Congreso que reportaba y se reunía con Martinengo, quien conocía que seguían y fotografiaban al vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, uno de los propios que mandó investigar Macri.

Araque admitió también que siguió a Emilio Monzó, ex presidente de la Cámara de Diputados, al diputado Nicolás Massot, ambos de la entonces oficialista alianza Cambiemos y al periodista Rodis Recalt.

El nombre de Martinengo fue mencionado por el juez Villena ante Fernández de Kirchner cuando se le hizo conocer todas las tramas del seguimiento en su presentación en el juzgado, por lo cual pasó a ser querellante en la causa.