El gobierno de Michoacán impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el acuerdo del presidente Andrés Ma-nuel López Obrador, del pasado 11 de mayo, por el cual se dispone que la Fuerza Armada permanente podrá llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada y complementaria.

Aunque dicho acuerdo, citado en la demanda, señala que tiene su origen jurídico en las reformas constitucionales promulgadas en marzo del año pasado, con motivo de la creación de la Guardia Nacional, el gobierno michoacano sólo impugnó el acto reciente.

En la demanda se alega que el gobierno federal invade las facultades estatales al disponer el despliegue de tropas dentro de su territorio, además de que el acuerdo sería contrario a la Constitución.

Aureoles ha manifestado su inconformidad con el citado decreto durante las reuniones semanales que sostiene con los gobernadores de Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Tamaulipas, Colima y Durango, donde también ha planteado impugnar ante la SCJN el decreto de energías limpias y el pacto fiscal.

La controversia de Michoacán contra el acuerdo sobre la participación militar en tareas de seguridad pública fue presentada ante la SCJN el viernes pasado por el consejero jurídico estatal, Víctor Sánchez Rodríguez, y fue turnada para su estudio a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, quien ya tiene bajo su ponencia otra controversia por el mismo tema, promovida por el municipio de Colima.

Hasta el momento, ninguna de estas dos controversias ha sido admitida a trámite.