La tempestad en la comunidad cinematográfica mexicana durante la primera mitad del año no podía ser más crítica, pues con las salas de cine cerradas y las filmaciones canceladas por la crisis sanitaria, hubo que añadir los anuncios consecutivos de la extinción del Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) –mediante un decreto presidencial del 2 de abril anterior– y la propuesta para derogar el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) de la Ley Federal de Cinematografía, tras la iniciativa presentada el 20 de mayo por el grupo parlamentario de Morena y su reiteración por el Presidente el jueves 28 de mayo.

Ambos fideicomisos permitieron recuperar la producción nacional de nueve cintas entre 1997 y 2016.

La reacción airada, las cartas abiertas y los pronunciamientos públicos de una ingente cantidad de directores, productores y actores generaron varias reuniones entre funcionarios y legisladores con miembros del gremio fílmico. La más reciente se dio el 16 de junio, un parlamento abierto convocado por las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Cultura y Cinematografía, en torno al Fidecine y la posible modificación la legislación en la materia. Si se quiere transformar, éste es el momento, plantea desde Alemania, donde reside, el realizador Jorge Ramírez Suárez, quien participó en la reunión moderada por el diputado Sergio Mayer Bretón, así como en una anterior, el jueves 21 de mayo. Ambos encuentros le parecen importantes, pues sus propuestas fueron escuchadas por miembros del Congreso de la Unión, aunque falta por ver que los cambios se hagan considerando lo expresado en esos foros.

Mejorar fideicomisos

Desde su perspectiva, el perfil de Fidecine –en funciones desde 2001–, de apoyar proyectos de menos riesgo económico y más comercializables que puedan llegar a un público más amplio, se ha quedado atrás: Tiene una estructura muy rígida, basada en la realidad de hace 20 años, y muy poco dinero. Por eso dije que es una gran oportunidad para legislar una ley con un fondo más amplio, acorde a las necesidades del país, a su cultura, su diversidad, al derecho que tiene el público de ver sus propias historias. De apoyar la formación de públicos, la educación, la inclusión de cineastas de todo el país.

Y aunque Foprocine, creado en 1997 para apoyar la cinematografía independiente y autoral funcionara bien, no lo hacía perfectamente, pero no debido a la falta de transparencia o al desvío de recursos, sino a la carencia de un mecanismo que garantizara que las resoluciones de los evaluadores ciudadanos fueran definitivas: Es lo que proponemos ahora. Que los comités de evaluación del nuevo fondo sean formados por expertos de la comunidad cinematográfica y sus evaluaciones sean vinculantes; que ningún funcionario pueda cambiarlas mientras el proyecto cumpla con los requisitos y la ley. Esto es importante en una democracia, el respeto a la libertad de expresión y la libertad de todos a ser potencialmente apoyados para evitar el apoyo discrecional que existía el siglo pasado, advierte el director, productor y guionista de cintas como Guten Tag, Ramón (México-Alemania, 2013).

Con o sin estructura legal, con mecanismos transparentes y de rendición de cuentas –explica Ramírez Suárez–, los fideicomisos tienen buenos, malos y pésimos ejemplos.

La cleptocracia en que hemos vivido ha abusado de su uso, igual que con paraestatales, organismos descentralizados, institutos, universidades y un largo etcétera. No por ello vamos a desaparecerlos a todos, pues si los funcionarios respetan la ley, sí funcionan. Que Foprocine no tuviera una estructura no lo hacía un fideicomiso para robar, fue creado para apoyar un cine con perfil de riesgo, para producir películas necesarias por su valor cultural y que ningún productor grande o distribuidor grande se atrevería hacer, subraya el ganador de festivales de Huelva, Tolouse, La Habana y Guadalajara, además de premios como el Berlinale Special 2005 y cinco nominaciones al Ariel.

Haber dirigido películas de coproducción –como Conejo en la Luna (2003), con Reino Unido, y La gran promesa (2017), con Alemania, filmada en Bosnia y Herzegovina–, así como de financiamiento mexicano, como Amar (2009) o Mi pequeño gran hombre (2018), hacen comprender al director que parte del problema en el siglo XX fue que el gobierno renunció a tener cines y decidió apoyar al cine de dedazo. Eso no queremos.

A cambio, más que tener un circuito de salas, propone que los tres niveles de gobierno apoyen a los exhibidores y a cines independientes a cambio de programar las películas apoyadas por el Estado, es decir, que reciban apoyos públicos, sin entrar en guerra con las cadenas grandes, sino ayudándolas a desahogar la cantidad de películas que no pueden colocar en 52 fines de semana al año.

“En Alemania es posible estrenar, digamos, una película como Esto no es Berlín (2019, de Hari Sama), en 200 pantallas apoyadas por los gobiernos federal, estatal y municipal. No puedes proteger audiencias si no le das películas. La oferta al público es muy diversa por la existencia de estos cines, llamados Programmkino, salas con programación no mainstream”, concluye.