El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que “con el simple relato de la existencia de un riesgo latente o potencial’’, la Comisión de Vigilancia de ese órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) otorga protección a los impartidores de justicia que así lo requieran.

Las medidas de seguridad a jueces y magistrados se implementan inicialmente de manera provisional y se procede a una revisión integral de cada caso, señaló la institución. Lo anterior, luego de que en días pasados fueron asesinados el juez Uriel Villegas Ortiz y su esposa Verónica Barajas por un grupo de hombres armados, quienes abrieron fuego en su contra a las puertas de su domicilio.

Funcionarios del Poder Judicial señalaron que los jueces y magistrados a los que principalmente se ha brindado protección atienden casos de delincuencia organizada en Tamaulipas, Jalisco, Nayarit, estado de México y Guerrero, ya que presuntamente son amenazados o amedrentados por integrantes de grupos como los cárteles del Golfo y Jalisco Nueva Generación o La Familia Michoacana.

En ese contexto, la Comisión de Vigilancia del CJF señaló ayer que “la integridad de nuestros servidores públicos es prioridad. Nuestras políticas están orientadas a fortalecer su independencia y autonomía’’, por lo que señaló que las peticiones de los juzgadores son atendidas y las medidas de seguridad que se instrumentan se revisan de manera periódica.