A través del programa Vivienda Social, el gobierno federal asegurará que a la población de bajos ingresos se les garantice el derecho a tener una vivienda adecuada. Para ello, impulsa mecanismos financieros que reconozcan la producción de este bien como una satisfacciónde necesidad humana.

De acuerdo con datos del Infonavit, al cierre del segundo bimestre de 2019 había una demanda potencial de 6.8 millones de personas para ejercer su crédito hipotecario, pero con un ingreso menor a 2.6 veces el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) mensual vigente –para este año pasó de 84.49 pesos a 86.88–, lo que pone de manifiesto que un alto porcentaje de créditos disponibles se concentrará en la población de bajos ingresos. Se trata de la población que requiere mayores apoyos para vivienda.

A su vez, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social considera que cerca de 73.6 millones de mexicanos prácticamente están excluidos del mercado formal de vivienda, al no percibir ingresos por hogar superiores a cinco salarios mínimos.

Plantea que en la mayoría de los casos con rezago habitacional en México –9.2 millones de viviendas–, el ingreso es uno de los principales factores asociados: 57.9 por ciento de los hogares se ubican en los primeros cuatro deciles económicos (ingresos por debajo de la línea de pobreza por ingresos).