uando el 15 de mayo pasado leí la noticia, pensé que los periódicos adelantaban la celebración del Día de los Inocentes por el coronavirus. O que era un chiste muy regiomontano para burlarse de uno de los líderes empresariales más ricos e influyentes del país. Según los medios, Fomento Económico Mexicano (Femsa), dueño de las tiendas Oxxo, pidió un descuento de la renta a propietarios de los locales donde operan. De 25 a 50 por ciento, entre abril y septiembre. El motivo: la clientela se redujo 25 por ciento y tuvieron que cerrar turnos y hasta tiendas debido a la cuarentena establecida por las autoridades sanitarias.

Quizá con esa petición busque el poderoso empresario hacer que otros paguen los 8 mil 790 millones de pesos que Femsa debía al fisco y que cubrió hace un mes. O para reunir los miles de millones que promete invertir en la campaña para sacar del poder al actual Presidente de la República. De ello dio cuenta el jueves pasado Abraham Nuncio en nuestro diario.

Copia del sistema establecido en Estados Unidos y que semeja pequeños súper, Oxxo tiene en el país casi 20 mil tiendas. Entre enero y marzo de este año se abrieron al público tres cada día, en promedio. Ésa y otras cadenas de conveniencia ocasionaron el cierre de muchos negocios familiares que eran parte de la vida de pueblos y barrios. En esas tiendas se pueden pagar varios servicios públicos, los de televisión por cable, impuestos, colegiaturas y tarjetas de crédito, así como realizar depósitos bancarios, entre otros, previo pago extra por la clientela. Lo único gratis es la recarga de los celulares. Cabe añadir que funcionan con horarios extendidos y que no han cerrado a causa de la pandemia.

Femsa es también accionista mayor de uno de los conglomerados más nocivos para la salud pública: la Coca-Cola. Ocupa el primer lugar en el mundo en ventas de ese producto. México sobresale como el segundo consumidor, sólo superado por Estados Unidos. Las tiendas Oxxo, 7-Eleven o K, promocionan destacadamente la Coca-Cola y otros productos chatarra que ocasionan severos daños, como la obesidad y la diabetes.

Para evitar el consumo de refrescos embotellados, el gobierno federal prometió dotar de agua potable a las escuelas. No ha cumplido. En los casos que el vital líquido llega potable por la red de distribución, pierde su calidad por el mal estado de cisternas y tanques de almacenamiento. Tampoco ninguna universidad pública o privada dispone de agua potable.

En las comunidades más aisladas y en casi todas las ciudades del país se le remplaza por los refrescos de cola y otros productos nocivos. La gente los consume gracias a una enorme y engañosa publicidad. Como resultado, México ocupa el primer lugar en América Latina en obesos y diabéticos. En esos dos males, disputamos con Estados Unidos el nada honroso primer lugar.

Y con el coronavirus, aparecen la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial y el tabaquismo como factores que agravan la situación de quienes portan el virus. Además, según informes del sector salud, casi la mitad de quienes padecen los tres primeros males ignoran su situación. Mientras buena parte del gasto en servicios médicos del Estado se dedica a la atención de quienes cargan con esos males.

Tarde, pero al fin, desde octubre pasado existe en México una legislación que obliga a las compañías que elaboran alimentos y bebidas, que en muchos casos son chatarra, a incluir en los empaques información clara sobre su contenido calórico, grasas, sodio y otros compuestos. Una medida en vigor desde hace lustros en muchos países y que se logró gracias a los grupos ciudadanos que defienden el derecho de los consumidores a saber el contenido real de lo que adquieren para su alimentación. En México fue una batalla que libraron exitosamente grupos locales. Los empresarios intentaron evitar que entrara en vigor, alegando perder millones por el nuevo empaquetado.

La pandemia que azota al mundo mostró las carencias que hay en los sistemas nacionales de salud pública. Y la necesidad de redoblar esfuerzos para que la población se alimente bien. En el caso de México, con los productos tradicionales que conforman la canasta básica: maíz, frijol, calabaza, chile y otros alimentos que no hacen daño. Y con agua potable, no con refrescos embotellados. Es una batalla que la ciudadanía y las instancias oficiales deben dar contra poderosos e influyentes intereses empresariales.