a Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) se puso brava e interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al estimar que la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional emitida por la Secretaría de Energía violenta los principios esenciales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución, de modo que afecta su mandato e invade su esfera de competencia.

El ente autónomo asegura que tal política afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que éste opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. En pocas palabras, compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista y otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica, lo que, a su juicio, impide promover y proteger la competencia y libre concurrencia en el mercado eléctrico.

Qué ruda, pero la primera duda que surge es si esa institución considera como eficiencia y libre competencia que las generadoras privadas de energía eléctrica se enriquezcan a costillas del erario, precisamente por contar con ventajas en favor de ciertos participantes y disminuir la capacidad de competir de otros; es decir, lo mismo que impugna en su controversia constitucional.

Por ejemplo, ¿libre competencia es que las empresas privadas paguen ínfimas tarifas de interconexión para que sea la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios quienes cubran la diferencia? ¿Libre competencia es avalar condiciones en extremo injustas para el Estado mexicano, con el fin de que las ganancias privadas crezcan como la espuma, a la par que el monto que deben pagar los consumidores de energía eléctrica?

Desde septiembre de 2013, Alejandra Palacios Prieto preside la Cofece, una itamita que fue directora de proyectos de buen gobierno del Instituto Mexicano para la Competitividad, organismo privado en el que (¡sorpresa!) aparece la siempre larga mano de Claudio X. González y la de otros barones (entre ellos algunos integrantes del Consejo Mexicano de Negocios) altamente beneficiados por los gobiernos neoliberales, que no brillan precisamente por su amor a la libre competencia.

Por cierto, en la mañanera de ayer el presidente López Obrador mencionó que una empresa, acusada de prácticas monopólicas, pudo participar en una licitación del IMSS para medicinas o equipos, pues por más de dos años el organismo encargado de resolver si esta empresa llevaba a cabo prácticas monopólicas (¡sorpresa!: la Cofece) no había emitido ningún fallo. Me llamó la atención que no había podido resolver en más de dos años una denuncia. Entonces, ¿qué hacen?, ¿a qué se dedican? (organismos independientes como el citado).Sólo como dato, Alejandra Palacios fue consultora del IMSS en proyectos de investigación y evaluación.

Pero lo descrito sucede realmente en todo el ámbito económico. Además, tales prácticas no son tocadas ni con el pétalo de una rosa por los organismos independientes, y miren que de ésos hay para dar y regalar. Exigen certeza jurídica y estado de derecho, pero siempre en beneficio del sector privado.

Las rebanadas del pastel

Entonces, ¿dónde estaba la Cofece cuando gobiernos anteriores firmaron contratos contrarios al interés del Estado mexicano (y no sólo en materia eléctrica), pero más que rentables para las empresas privadas, las cuales, por ejemplo, pagaban microtarifas de interconexión eléctrica y nadie las tocaba? Se supone que la libre competencia es sinónimo de igualdad de condiciones, de piso parejo. ¿O no?

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