Madrid. La supuesta vinculación del ex presidente del gobierno español Felipe González a la creación y operación de los comandos paramilitares financiados por el Estado para la tortura, secuestro y ejecución de militantes de la organización armada ETA no será investigada en el Congreso de los Diputados.

La comisión propuesta por los grupos independentistas y nacionalistas no logró la mayoría suficiente, tras ser rechazada por los votos en contra del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP) y Ciudadanos. Unidas Podemos (UP), socio del actual gobierno, finalmente votó a favor después de anunciar lo contrario.

Los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) fueron unos comandos de la muerte, integrados en su mayor parte por agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y ex militares para sembrar el terror en el País Vasco en la década de los 80 y principios de los 90.

La CIA documentó que el ex gobernante autorizó los GAL

Felipe González asumió el poder en 1982 y años después se reveló que durante su gobierno, que se prolongó hasta 1996, se registraron los casos más graves y flagrantes del terrorismo de Estado. Él mismo aseguró hace sólo dos años que alguna vez tuvo la oportunidad de volar por los aires a la cúpula de ETA, pero que finalmente no lo había hecho y que se arrepentía de ello. Hace unos días, el diario La Razón publicó documentos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que confirmaban lo que era un secreto a voces: que Felipe González conocía y autorizó esas operaciones criminales, que supusieron el secuestro, la tortura y la muerte de decenas de personas. (bit.ly/3fPoE1F )

El ex mandatario ya fue juzgado y absuelto por estos hechos, en un juicio histórico en 1998 que supuso las condenas del ex ministro del Interior socialista, José Barrionuevo, y su entonces secretario de Estado de Interior, Rafael Vera, a diez años de prisión a cada uno.

Con esos documentos de la Agencia Central de Inteligencia, los grupos independentistas y nacionalistas vascos, gallegos y catalanes presentaron una solicitud para la creación de una Comisión de investigación parlamentaria, que finalmente fue rechazada en la Junta de Portavoces por el voto en contra de la mayoría.