a buena noticia para el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y su coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) decidió por esta vez no aplicar medidas cautelares ante la denuncia de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), y de una diputada federal panista, por la difusión, en la conferencia matutina de prensa en Palacio Nacional, del documento que habla de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA).

El título dado a la nota oficial del INE sobre esa resolución, la 141, suena amable: Comisión de Quejas determina improcedencia de medidas cautelares contra el Presidente de la República y el coordinador general de Comunicación Social. Pero, en realidad, coloca a AMLO y a Ramírez Cuevas en una situación delicada, pues en esa comisión, por unanimidad de votos de sus tres integrantes (Claudia Zavala, Adriana Favela y Jaime Rivera) se consideró, desde una óptica preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas.

Y de ahí se desprende la probable mala noticia para el político tabasqueño y su vocero oficial, pues, dadas las características y contexto del caso, dicha comisión del INE estima necesario “señalar que, si se realizan conductas posiblemente antijurídicas –como la advertida en este asunto–, continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.

Los tres consejeros del INE también emitieron un pronunciamiento general, pero especial en cuanto a López Obrador y Ramírez Cuevas “‘(por ser los sujetos denunciados en este asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y parámetros constitucionales’, recalcándoles ‘la prohibición de utilizar o aprovechar los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales’ y ‘de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad’” (bit.ly/2zWGDnt).

Es decir, la mencionada comisión del INE advierte a Palacio Nacional de la posibilidad de ordenar medidas preventivas o cautelares (conforme a la jurisprudencia 14/2015, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el rubro Medidas cautelares. Su tutela preventiva, (bit.ly/3dzpdLG). Y, dado que el motivo de esta resolución del Instituto Nacional Electoral se refiere al uso de la conferencia mañanera de prensa para dar a conocer material que supone afecta la equidad electoral, ¿es de entenderse que la medida cautelar obligada sería la suspensión de la citada conferencia o la prohibición de que se transmitan las partes específicas relacionadas con el tema?

La mencionada resolución de una comisión del INE incrementa la temperatura de un diferendo que se ha agudizado a partir del anuncio del Presidente de la República de que se convertirá en un guardián de la limpieza del próximo proceso electoral, a lo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral respondió señalando que este instituto es el único guardián de tales asuntos.

Y, mientras un sismo de magnitud 7.5 agregaba ayer en la Ciudad de México y en varios estados, sobre todo Oaxaca, tonos oscuros al mural trágico, de ya prolongada duración, que se ha ido pintando en todo el país por razones sanitarias, económicas y de seguridad pública, ¡hasta mañana, con Donald Trump expresando su creencia de que el Presidente de México vendrá a Washington bastante pronto, a la Casa Blanca!

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